Varios ministros israelíes cargan contra el Supremo por emitir durante la guerra fallos contrarios a Netanyahu

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El Supremo derogó el lunes la ley básica de la reforma judicial y este miércoles ha aplazado la entrada en vigor de otra norma que protegía al primer ministro

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Varios ministros del Gobierno de Israel han cargado este miércoles contra el Tribunal Superior de Justicia por emitir durante este periodo de guerra contra el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) varios fallos judiciales contrarios a los intereses del primer ministro Benjamin Netanyahu.

Así, el propio ministro de Justicia, Yariv Levin, ha advertido de que las sentencias del Supremo "dañan la unidad del pueblo", y que un primer ministro elegido democráticamente en las urnas debe ser reemplazado en todo caso por otra votación "y no por un veredicto", recoge el diario 'The Times of Israel'.

Por su parte, el encargado de Innovación, Ciencia y Tecnología, Ofir Akunis, ha lamentado que las acciones del máximo órgano judicial israelí están dividiendo al país en un momento en que la población debe dejar de lado sus diferencias para luchar "hombro con hombro" por los intereses comunes.

En la misma línea, el ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, ha aseverado que los dos recientes fallos del Tribunal Supremo son "nulos y sin valor", pues considera que este órgano "no tiene autoridad" para tal decisión y que sus sentencias "contradicen leyes básicas promulgadas democráticamente por un Parlamento electo".

El Tribunal Supremo de Israel anuló el pasado lunes en una ajustada votación la Enmienda a la Ley Básica Judicial, la norma más importante aprobada en el marco de la polémica reforma judicial impulsada por Netanyahu. Esta es la primera vez en Israel que un tribunal anula una ley básica, con nivel cuasiconstitucional.

Más tarde, ya este mismo miércoles, el Supremo ha decidido --también por estrecho margen-- aplazar la entrada en vigor de la ley aprobada en marzo por el Parlamento y que protegía al primer ministro de ser considerado no apto para ejercer el cargo, en medio de las causas que todavía tiene pendientes por presunta corrupción y fraude.