Vázquez cesa al ministro de Defensa y descabeza la cúpula militar de Uruguay por un escándalo de DDHH

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, ha destituido al ministro de Defensa, Jorge Menéndez, y ha ordenado el pase a retiro de seis de los quince generales que componen la cúpula de las Fuerzas Armadas, por no denunciar ante la justicia ordinaria el crimen de Roberto Gomensoro, considerado el primer desaparecido de la dictadura (1973-1985).

El detonante ha sido la investigación periodística del diario uruguayo 'El Observador', que el pasado sábado publicó las actas del Tribunal de Honor --una corte militar-- con las declaraciones de José Nino Gavazzo, uno de los mayores torturadores del régimen castrense que ha sido condenado por 28 homicidios por la justicia ordinaria.

En su intervención ante el Tribunal de Honor, en el que se trataba de dirimir las consecuencias militares para Gavazzo y Jorge 'Pajarito' Silveira, otro represor, confesó su implicación en la desaparición de Gomensoro, guerrillero del Movimiento de Liberación Nacional (MLN-Tupamaros) del que formó parte el ex presidente uruguayo José Mujica.

Según Gavazzo, el entonces comandante Esteban Cristi le ordenó que hiciera desaparecer el cadáver de Gomensoro. "Yo lo cargué en el vehículo, (...) lo llevé al lugar, lo bajé, lo puse en un bote y lo tiré del bote. Yo solo", dijo. Silveira, por su parte, sostuvo que Gavazzo también lo torturó hasta la muerte.

El Tribunal de Honor solo reprochó a Gavazzo y Silveira que no le hubieran comunicado a la justicia ordinaria que el militar condenado por la muerte y desaparición de Gomensoro, el coronel Juan Carlos Gómez, era inocente. Por ello, determinó que habían cometido una "falta gravísima".

Ambos apelaron y el caso pasó a un Tribunal de Alzada --otra corte militar-- que confirmó el fallo. La única consecuencia para Gavazzo y Silveira es que pasaron a "reforma", lo que supone que no pueden usar el uniforme que corresponde a su rango en la institución armada.

En febrero, el entonces comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, entregó al ministro de Defensa el documento en el que se solicitaba la homologación del fallo militar, para lo cual es necesaria la firma del presidente del país.

En ese escrito, Manini Ríos criticó al Poder Judicial por considerar que los uniformados no disfrutan de las garantías del debido proceso. Son condenados en base a "conjeturas o convicciones inadmisibles, sin pruebas fehacientes, fraguadas o inventadas", dijo. Vázquez le cesó por esos comentarios y nombró en su lugar al general José Ariel González Spalatto.

El lunes, tras conocer la confesión de Gavazzo, Tabaré cesó al ministro y al viceministro de Defensa, Jorge Menéndez y Daniel Monetiel, y ordenó pasar a "retiro obligatorio" a los tres generales que integraron el Tribunal de Honor --González Spalatto (jefe del Ejército), Alfredo Erramún (jefe del Estado Mayor) y Gustavo Fajardo-- y los tres del Tribunal de Alzada --Claudio Romano, Alejandro Salaberry y Carlos Sequeira--.

DERIVADA POLÍTICA

En un comunicado, el Gobierno ha aclarado que Vázquez solo conoció dichos fallos "a los efectos de pronunciarse sobre la homologación o no" de los mismos, recordando que "el 12 de marzo se emitieron los actos administrativos correspondientes, haciéndose constar en ambos pronunciamientos la discrepancia con los fallos" porque "planteaban la lógica de cuestionar al Poder Judicial, intentando socavar su prestigio".

Además, ha informado de que Vázquez "ordenó la inmediata remisión a la Fiscalía General de los testimonios vertidos por Gavazzo, Silveira y Luis Alfredo Maurente Mata (un tercer militar juzgado) en el curso de la investigación llevada adelante por el Tribunal de Honor, lo que fue cumplido".

El ministro de Justicia , Jorge Díaz, ha anunciado vía Twitter que ha enviado a la Fiscalía "todos los antecedentes de fuente abierta sobre la omisión de denunciar los hechos y las circunstancias del homicidio de Roberto Gomensoro relatados al Tribunal de Honor del Ejército por el reo José Gavazzo".

Este escándalo de Derechos Humanos ha explotado en plena campaña para las elecciones presidenciales del próximo 27 de octubre en las que el gobernante Frente Amplio (FA) busca un nuevo mandato.