MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Venezuela ha abierto un procedimiento judicial contra la cadena estadounidense CNN en Español, apenas una semana después de que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) anunciara la suspensión de la cadena en respuesta a sus supuestas "agresiones directas" de la cadena a "la paz y estabilidad democrática" en el país.
Así lo ha informado la vicepresidenta de Agitación, Propaganda y Comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Tania Díaz, que ha indicado que esta medida se basa "en la Constitución nacional y en instrumentos jurídicos regionales".
"El artículo 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, así como el derecho a réplica y rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agravantes", ha indicado, según declaraciones recogidas por la emisora Unión Radio.
En este sentido, Díaz ha explicado que CNN en Español violó este artículo de forma deliberada al construir una noticia basándose en información falsa de otros medios, y en el testimonio de una persona "descalificada" y a la que la Justicia persigue.
"Apostamos por la vida, la patria, la defensa de nuestro país que nos duele a todos, estamos apegados a la Constitución, a la verdad y al derecho que tenemos los venezolanos de tener un futuro en paz", ha apuntado la diputada.
La decisión de suspender la emisión de la cadena responde a la retransmisión de un reportaje, 'Pasaportes en la sombra', que versa sobre la existencia de una red de venta de pasaportes venezolanos a ciudadanos de países de Oriente Próximo en la que estaría implicado el vicepresidente, Tareck El Aissami, que recientemente ha sido acusado de narcotráfico por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La investigación de la televisión estadounidense se basa en el testimonio de Misael López, exconsejero legal de la Embajada de Venezuela en Irak entre 2013 y 2015, año en el que fue despedido por denunciar la venta de visados y pasaportes.