Venezuela considera que Brasil y Canadá han reconocido la Asamblea Constituyente al reaccionar a sus medidas

CARACAS, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, ha considerado que tanto Brasil como Canadá han reconocido la autoridad de la Asamblea Constituyente al actuar con reciprocidad a la decisión del Gobierno de Nicolás Maduro de expulsar a los principales emisarios de estos países en Caracas por una supuesta intromisión en los asuntos internos.

La Asamblea Constituyente declaró el pasado sábado persona 'non grata' al embajador de Brasil, Rui Carlos Pereira, y al encargado de negocios de Canadá, Craig Kowalik, por inmiscuirse en la política venezolana. En los días siguientes los gobiernos de Brasilia y Ottawa tomaron la misma medida respecto a los representantes del Gobierno de Maduro.

Arreaza ha detallado en un comunicado difundido este jueves que estos dos países "acataron la medida incluso antes de recibir la notificación escrita (por parte del Ministerio de Exteriores venezolano) y, en consecuencia, decidieron aplicar la reciprocidad contra diplomáticos venezolanos".

"Venezuela considera como un signo de acatamiento inequívoco de la medida por parte de los gobiernos de Canadá y Brasil, los cuales finalmente dan señales de reconocimiento y respeto a las instituciones venezolanas y, en particular, al carácter plenipotenciario de la Asamblea Constituyente", ha dicho Arreaza.

Además, el responsable de la Cancillería ha tachado de "injustificada" la expulsión de los diplomáticos venezolanos en Canadá y Brasil porque, según ha afirmado, el Gobierno de Maduro "siempre ha sido respetuoso de los asuntos internos" de ambos países.

El jefe de la diplomacia venezolana ha aprovechado también la ocasión para expresar la "indeclinable subordinación" del Gobierno "a las decisiones de la soberana Asamblea Constituyente, como expresión del poder originario del pueblo venezolano".

La Asamblea Constituyente se ha convertido en la máxima institución de Venezuela por debajo de la Presidencia de la República, pero ni la oposición ni la comunidad internacional reconocen su legitimidad porque creen que tanto su convocatoria como las elecciones que la conformaron fueron ilegales.