MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha informado este jueves de que un total de 85 personas han sido acusadas formalmente de haber participado en la conocida como 'Operación Gedeón', el frustrado intento golpista de principios de mayo del año pasado, que, según denuncia el Gobierno de Caracas, habría contado con el apoyo de Colombia y Estados Unidos.
Saab ha presentado este jueves su informe anual frente a la Asamblea Nacional de Venezuela, en el que ha destacado las detenciones de una veintena de personas por "el intento de magnicidio" contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en agosto de 2018, así como de otra treintena por el golpe de Estado de abril de 2019.
"En la incursión terrorista, conocida como operación Gedeón, se identificó la participación de 114 personas, a quienes se solicitó orden de aprehensión, y se logró la captura de 85 implicados, a quienes tras la imputación formal ante el órgano judicial se les presentó el respectivo escrito de acusación", expresó Saab durante la presentación de su memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional (parlamento unicameral).
En relación a la 'Operación Gedeón', el fiscal general venezolano ha detallado que fueron identificadas 114 personas, de las cuales fueron capturadas 85, a las cuales, tras la imputación formal, se les presentó sus respectivas acusaciones.
"54 se acogieron al procedimiento especial de admisión de hechos, y 17 personas condenadas se acogieron al procedimiento de delación", ha explicado Saab.
Entre los ya condenados por ese operativo de invasión frustrado hay dos ciudadanos estadounidenses, Luke Denman y Airan Barry, a quienes se les imputó cargos de terrorismo, ha recordado.
'OPERACIÓN GEDEÓN'
Hasta ocho exmilitares venezolanos y mercenarios murieron en el intento de invasión en las playas de Macuto el pasado 3 de mayo. En los meses posteriores fueron detenidas de varias personas relacionadas en el asalto, entre ellos ciudadanos estadounidenses, colombianos e israelíes, a los que se les imputó cargos de terrorismo, conspiración y tráfico de armas.
En los días posteriores, el Gobierno venezolano mostró parte de un contrato que habría sido firmado por el líder opositor Juan Guaidó con la empresa Silvercorp dirigida por el ex boina verde estadounidense Jordan Goudreau para deponer al presidente Nicolás Maduro por la fuerza.
Goudreau confirmó la existencia del contrato, firmado en octubre de 2019, por un valor de 212 millones de dólares, pero solo habría recibido 50.000 dólares a través del consultor político Juan José Rendón, quien también reconoció su firma.
Guaidó se desmarcó por completo de la incursión y acusó al 'chavismo' de montar una nueva "olla" (montaje) para desviar la atención de los problemas internos, denunciando como "falsos positivos" y "ejecuciones extrajudiciales" las muertes de estos "mercenarios".