La vicepresidenta de Perú llama a reconsiderar las competencias de las rondas campesinas tras varias polémicas

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de Perú, Dina Boluarte, ha hecho un llamamiento a reconsiderar las competencias de las rondas campesinas después de que estas organizaciones hayan protagonizado una serie de polémicas en las últimas jornadas con el secuestro de dos periodistas y varias mujeres acusadas de presunta hechicería.

Boluarte se ha referido específicamente al último episodio de una organización ronderil del departamento de La Libertad, donde secuestraron y torturaron a al menos seis mujeres por realizar presuntos actos de hechicería en un episodio que ya investiga la Fiscalía de Perú.

En este sentido, la vicepresidenta ha incidido en que restringir la libertad de tránsito de las personas es un delito que va en contra de los Derechos Humanos, con lo que las competencias de las rondas campesinas se deberían "revisar", tal y como recoge la emisora RPP.

Las rondas campesinas del distrito de Chillia, en La Libertad, han puesto en libertad este martes a siete mujeres secuestradas y torturadas a comienzos de julio y acusadas de cometer presuntos actos de hechicería.

El jefe de la Oficina de la Defensoría del Pueblo, José Luis Agüero, había incidido previamente en que a las mujeres no se las había castigado con trabajos sociales, como defienden las rondas campesinas, sino que se las había torturado, paseado desnudas por la zona, restregado ortigas por el cuerpo e incluso asestado latigazos.

Agüero ha informado de que con las imágenes y vídeos presentados por los familiares se tienen suficientes pruebas para evidenciar que ha habido "malos tratos degradantes y humillantes", e incluso se han producido episodios de "tortura" por parte de las rondas campesinas.

Este episodio se da en un contexto marcado por el reciente secuestro de dos periodistas por parte de las rondas campesinas en Chadín cuando tomaban declaraciones sobre Yenifer Paredes, cuñada del presidente Castillo, a la que se vincula con un supuesto delito de tráfico de influencias en la región.

Dicho incidente ha suscitado polémica en Perú, más aún cuando el primer ministro, Aníbal Torres, salió al paso para defender el trabajo en materia de seguridad que llevan a cabo las rondas campesinas, criticando para ello a las Fuerzas Armadas. Más tarde, Torres rectificó sus palabras.