MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente de Malaui, Saulos Chilima, ha negado este jueves las acusaciones de corrupción por las que el presidente del país africano, Lazarus Chakwera, lo despojó de sus poderes en la víspera, tras ser señalado por un escándalo de corrupción relacionado con contratos gubernamentales de 142,9 millones de euros (150 millones de dólares).
Chilima ha reprochado a la Oficina Anticorrupción (ACB, por sus siglas en inglés), por publicar el informe a principios de esta semana, sin conocer su versión de los hechos.
El director de Comunicaciones de la Oficina del vicepresidente, Pilirani Phiri, ha firmado una declaración en la que asegura que el vicepresidente del Estado considera "muy preocupante" la forma en que ha procedido la Oficina, tal y como ha informado el diario 'Nyasa Times'.
"El vicepresidente del Estado niega con vehemencia las acusaciones que se han vertido contra él, y agradecerá la oportunidad, de rebatir dichas acusaciones", ha enfatizado el comunicado firmado por Phiri, agregando que "la Oficina, ha acusado a Chilima de un delito sin proporcionar ningún detalle o prueba".
El nombre del vicepresidente apareció en la lista 'Sattar' de la Oficina Anticorrupción (ACB, por sus siglas en inglés), el organismo que lucha contra la corrupción y que sospecha que Chilima y otros funcionarios recibieron dinero del empresario Zuneth Sattar.
Chakwera explicó que no puede destituir o suspender al vicepresidente porque es un funcionario elegido, por lo que el jefe de Estado no tiene potestad para disciplinarle.
Sin embargo, el presidente destituyó al inspector general de Policía, George Kainja y a su vez suspendió al jefe de personal de Residencias del Estado.
Chakwera se impuso en las elecciones de 2020, que se celebraron después de que las presidenciales celebradas en 2019 --en las que el exmandatario Peter Mutharika obtuvo la reelección-- fueran anuladas por los tribunales a causa de las irregularidades registradas durante el proceso.
Tras ello, el nuevo presidente prometió en su discurso inaugural a finales de junio de 2020 combatir la corrupción en el país y pidió al aparato judicial "hacer más para acabar con la cultura de corrupción y justicia selectiva", si bien miembros de su propio Ejecutivo se han visto envueltos en escándalos de corrupción.