Los vicios del sistema estadounidense que podrían provocar un vuelco electoral

MADRID, 14 Nov. (Víctor C. Pascual Planchuelo, profesor universitario y especialista en asuntos electorales) -

Estados Unidos recibió una Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), de la que es miembro, con ocasión de las elecciones celebradas el pasado 8 de noviembre formada por 13 expertos en el equipo central, 26 observadores de larga duración y 298 observadores de corta duración que han sido distribuidos por todo el país para realizar una observación imparcial, técnica y cualificada del proceso electoral estadounidense.

La misión lleva a cabo una observación a largo plazo, desplegándose en el país durante cerca de dos meses para observar la fase preelectoral, la fase electoral y el período postelectoral. Ha estado presente en el proceso de apertura de 88 colegios electorales, ha observado el procedimiento de votación en 932 colegios y ha monitorizado la fase de recuento en 77 colegios electorales.

La MOE evalúa el proceso electoral en su conjunto y analiza su adecuación a las normas y estándares internacionales sobre elecciones democráticas, valorando si el proceso cumple con los derechos políticos y de participación establecidos en tratados internacionales vinculantes y en otras normas internacionales no obligatorias jurídicamente.

El día después de la jornada de votación, la Misión hizo público su informe preliminar, en el cual, si bien se califican positivamente muchos parámetros del proceso electoral, se señalan diversas irregularidades y deficiencias que habrían de ser corregidos con objeto de mejorar la calidad democrática del sistema electoral estadounidense:

1. El marco legal electoral es altamente descentralizado y complejo, con diferencias muy significativas entre los diversos estados.

2. No existe un organismo federal que supervise todo el proceso electoral, siendo los estados los responsables en la administración de las elecciones, lo que promueve la dispersión y la fragmentación de criterios.

3. Cerca de cuatro millones de ciudadanos estadounidenses residentes en territorios de ultramar no tienen derecho a votar en las elecciones presidenciales. Además, unos seis millones de ciudadanos se ven privados del derecho de sufragio activo por haber sido condenados penalmente, entre los que se incluyen más de tres millones que ya han cumplido su sentencia o se encuentran en situación de prisión preventiva.

Esta restricción afecta de manera desproporcionada a la población afroamericana, que está sobrerrepresentada en el sistema de justicia criminal. Además, este impedimento contradice el principio de sufragio universal e igual, tal y como se recoge en el apartado 7.3 del Documento de Copenhague de la Dimensión Humana de la OSCE (1990).

4. El registro de votantes activo que establece el sistema electoral tiene como efecto colateral que más de 35 millones de ciudadanos no hayan podido votar por no haberse registrado previamente. Este sistema perjudica especialmente a votantes de las clases más bajas, minorías raciales y lingüísticas, poblaciones indígenas y ciudadanos con discapacidad.

5. Las mujeres se encuentran infrarrepresentadas en el Congreso, donde sólo ocupan el 20 por ciento de los escaños.

6. La campaña electoral ha sido muy dinámica y vibrante, pero a la vez se ha visto salpicada de constantes ataques personales entre los candidatos, denuncias de corrupción, escándalos y discursos inaceptables del candidato republicano sobre las mujeres, las minorías y las personas con discapacidad.

7. No hay límites en materia de gastos de campaña para los partidos y son escasos los controles sobre las donaciones privadas a los partidos políticos.

8. Los ciudadanos cuentan con medios legales para presentar reclamaciones y recursos contenciosos en materia electoral. Sin embargo, la ausencia de un plazo máximo para la resolución de disputas electorales pone en cuestión la efectividad de estos recursos y contradice los principios de la OSCE para elecciones democráticas.

9. Aunque existe una alta confianza en el voto anticipado y el voto por correo, no se garantiza plenamente el secreto de voto de estos votantes, pues a los electores --en estas modalidades-- no se les hace entrega de un sobre para poder mantener la confidencialidad de sus votos, lo que trasgrede el párrafo 7.4 del Documento de Copenhague.

10. En contradicción con los principios de observación de la OSCE, las autoridades de 17 estados no han permitido a la Misión observar el proceso de voto anticipado ni la jornada electoral.

11. Finalmente, aunque las nuevas tecnologías de votación se han utilizado ampliamente en todo el país, 15 estados han empleado máquinas de voto electrónico que no proporcionan un justificante en papel acreditativo del voto depositado, en contraposición a las buenas prácticas internacionales.

Esta carencia de justificante en papel impide que los votantes puedan confirmar que sus votos han sido grabados correctamente o que las autoridades puedan realizar recuentos de los votos en caso de ser necesario. Por tanto, la votación electrónica pierde en estos estados fiabilidad, confianza y auditabilidad, pudiendo implicar un menoscabo de la integridad del sistema electoral.

¿VUELCO ELECTORAL?

Podemos comprobar que el sistema electoral de Estados Unidos adolece de diversos defectos y distorsiones que le alejan de los sistemas que gozan de una mayor calidad democrática. Las recomendaciones de la MOE deben ser debidamente tomadas en consideración por las autoridades.

El correcto cumplimiento de los estándares internacionales para elecciones democráticas, entre los cuales, los establecidos en el Documento de Copenhague de la OSCE, por parte de Estados Unidos convertirían a la principal superpotencia del planeta en un modelo a seguir en lo relativo a la calidad de su democracia electoral.

Sin embargo, a día de hoy, Estados Unidos no es referencia en el plano electoral. Contrariamente a ello, podemos afirmar que si algunos o varios de los defectos advertidos por la Misión hubieran sido adecuadamente subsanados o corregidos antes del 8 de noviembre por las autoridades del país, el resultado final podría haber sido muy diferente.

La privación del derecho de sufragio a los residentes de ultramar, a los prisioneros o la conversión del registro de electores en un proceso pasivo podría traducirse en un vuelco electoral en una gran parte de los estados del país que el pasado 8 de noviembre dieron la victoria al candidato republicano, Donald Trump.

No puedo aseverar con esto que la mejora del sistema vaya a favorecer sobre todo las opciones demócratas. Sólo mantengo que mejorando aspectos claves del sistema electoral, la democracia estadounidense tendría más argumentos para seguir presumiendo de ser una de las más antiguas y estables de la historia.