Las víctimas de abusos militares claman contra la nueva ley de seguridad de México

CIUDAD DE MÉXICO, 15 Dic. (Reuters/EP) -

El activista mexicano Juan Carlos Soni, que pasó más de un año encarcelado con pruebas falsas hasta la intervención de la ONU, teme que casos como el suyo se multipliquen tras la aprobación en el Congreso de la nueva ley de seguridad ciudadana, que transfiere competencias civiles a las Fuerzas Armadas del país.

En 2013, efectivos de la Marina irrumpieron de madrugada en su casa, le vendaron los ojos y le llevaron a un sótano donde le torturaron con descargas eléctricas. Este profesor de una comunidad rural de San Luis Potosí asegura que le obligaron a dejar sus huellas en armas y bolsas con drogas para usar estas pruebas falsas en su contra.

Soni, cuyo caso ha sido documentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDHM) --un organismo oficial--, estuvo 16 meses encarcelado hasta que el representante de Naciones Unidas en la nación iberoamericana logró que le liberaran sin cargos. La Marina reconoció, tres años después, que actuó contra Soni, pero no ha sido indemnizado.

"Si les dan ese poder y envían nuevamente a la Armada voy a buscar asilo político. Aunque amo a mi país, si me quedo, me matarán", ha contado a Reuters, en alusión a la Ley de Seguridad Interior, que este viernes ha recibido el visto bueno de la Cámara de Diputados y con ello ha quedado aprobada en el Congreso.

Grace Mahogany Fernández, cuyo hermano fue secuestrado por las Fuerzas Armadas y desde entonces está desaparecido, coincide con Soni. La nueva ley "les brindará más facultades para llevar a cabo violaciones de Derechos Humanos bajo la máscara de operaciones de seguridad", ha afirmado.

La norma jurídica transfiere a las Fuerzas Armadas competencias que hasta ahora eran exclusivamente civiles. Así, ahora realizarán labores de seguridad pública, como patrullar o recabar Inteligencia, que correspondían a las policías federales, estatales y municipales.

Organizaciones como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han cuestionado esta ley porque no ofrece garantías de control sobre el uso de estas nuevas competencias por parte de los militares. Además, han recordado que la intervención de las Fuerzas Armadas no ha servido para solucionar el problema de la violencia en el pasado.

El ex presidente Felipe Calderón (2006-2012) declaró la guerra al narcotráfico y desplegó a los militares en las calles desatando una ola de violencia sin precedentes. Su sucesor, Enrique Peña Nieto, limitó la actuación de las Fuerzas Armadas y prometió reforzar la Policía, pero el repunte criminal le ha devuelto a la senda iniciada por Calderón.

"No queremos estar en la calle, pero este es el trabajo que se nos pidió", ha asegurado un soldado que ha preferido mantenerse en el anonimato. "Debería ser la Policía quien haga esto, pero no tiene el entrenamiento necesario", ha afirmado.