BOGOTÁ, 4 Oct. (Reuters/EP) -
La mayoría de las víctimas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) recelan del acuerdo sobre justicia transicional suscrito con el Gobierno, por virtud del cual los responsables de los crímenes más graves podrán eludir la cárcel.
Una sondeo de opinión elaborado por el diario local 'El Tiempo' poco después de la firma del acuerdo muestra que el 70 por ciento de los colombianos cree que la justicia transicional no servirá para purgar los crímenes de la guerrilla.
Piedad tenía 19 años cuando fue capturada por las FARC, que la convirtieron en su esclava sexual hasta que consiguió escapar, seis años después. "Cada día entre cinco y ocho hombres hacían lo que querían con mi cuerpo. Han dejado heridas de por vida", ha dicho a Reuters.
Para Piedad, que ahora tiene 45 años, que los guerrilleros solo cumplan un máximo de ocho o 20 años de cárcel no es suficiente "por violar a niñas una y otra vez y por los demás abusos que han cometido" en este medio siglo de conflicto armado.
Edelmira, de 63 años, tiene una opinión similar. Tuvo que huir de su casa cuando aún era una niña por el continuo hostigamiento de las FARC, al igual que otros seis millones de colombianos. "Sin cárcel no hay justicia", ha sostenido.
Sin embargo, la visión de Edelmira es ligeramente distinta. Para ella "lo que se ha acordado es mejor que nada". "La guerra tiene que acabar para que no haya más personas desplazadas, para que no haya más víctimas", ha argumentado.
SOLO LA VERDAD
De los siete millones de víctimas que ha dejado el conflicto colombiano, según datos oficial del Gobierno, no todos son culpa de la guerrilla. Los agentes del Estado se han movido igualmente en la impunidad por los crímenes cometidos en la guerra interna.
Sirve como ejemplo el hijo de Luz Marina, un discapacitado físico y mental que fue asesinato hace siete años, cuando tenía 26. Aunque en un principio se le atribuyó el crimen a las FARC, en 2012 se confirmó la autoría de seis militares que fueron condenados a hasta 50 años de cárcel.
"Hay muchos casos similares que siguen impunes. Colombia es una gran fosa común", ha lamentado, sosteniendo que "la mínima demanda por parte de las víctimas es que todas las partes devuelvan los muertos a las familias" y "que la verdad salga a la luz".
JUSTICIA TRANSICIONAL
El acuerdo que suscribieron el 23 de septiembre en La Habana el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla crea una jurisdicción especial para la paz que se aplicará tanto a insurgentes como a agentes del Estado y que sustituirá la cárcel con penas alternativas.
La vía "restaurativa" servirá para imponer "restricciones de derechos y libertades" a quienes confiesen su culpabilidad y aporten "toda la verdad" de los hechos. Las sanciones en este caso consistirán "en prestaciones de servicios, como retirada de minas y tareas agrícolas", pero "no habrá una colonia penal", según explicó a Europa Press Enrique Santiago, asesor jurídico de las FARC.
La opción intermedia es la de las penas alternativas a la cárcel para "quienes se sumen tardíamente" a la vía restaurativa. "Aquí sí habrá privaciones de derechos y libertades", de entre cinco y ocho años que, en función de la verdad ofrecida, irán sustituyéndose por regímenes abiertos".
La tercera vía será para aquellos que se declaren inocentes. En estos casos habrá un juicio contradictorio --como en la jurisdicción ordinaria-- y, si se demuestra su culpabilidad, enfrentarán penas de hasta 20 años de cárcel.
Es el cuarto acuerdo que se cierra en el diálogo de paz, tras los de desarrollo agrario y rural, participación política y cultivos de drogas. Por delante quedan el pacto sobre fin del conflicto --desarme-- y sobre los mecanismos de refrendación, implementación y verificación.
Las partes se han dado seis meses a partir del 23 de septiembre para firmar un acuerdo de paz definitivo que será el que dé validez a lo consensuado anteriormente, ya que negocian bajo el principio de que 'nada está acordado hasta que todo esté acordado'.