Víctimas de Senkata comienzan este lunes una huelga de hambre para exigir que Bolivia cumpla sus compromisos

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 20 familiares de fallecidos, heridos y detenidos por las protestas en Senkata en noviembre de 2019 comienzan este lunes una huelga de hambre ante el "incumplimiento" de los compromisos asumidos por el Gobierno de Bolivia.

El activista de Derechos Humanos de El Alto David Inca ha advertido de que la condición para dialogar es "cumplir con los compromisos" y ha avisado de que las víctimas "no aceptarán" reunirse con servidores públicos "porque no tienen capacidad de decisión". "Son los ministros los que tienen que estar", ha apostillado.

Las autoridades gubernamentales y las víctimas iban a reunirse este viernes en El Alto para abordar los acuerdos alcanzados y que, hasta este momento, no se han cumplido, ha recogido el diario boliviano 'El Deber'.

Según Inca, iban a acudir nueve ministerios bolivianos, que engloban diversos campos de actuación para la reparación de las víctimas, como el de Defensa, que tenía que informar sobre los militares implicados en la represión de las protestas, o el de Economía, por las indemnizaciones económicas que plantearon al Ejecutivo de Luis Arce.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), organismo creado a través de un acuerdo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el nuevo Gobierno de Arce, ha señalado en un informe que "las fuerzas de seguridad reaccionaron con uso desproporcionado de violencia" durante las protestas.

Este "uso desproporcionado de la fuerza", señala el grupo de expertos, es responsable de la muerte de diez personas, así como de los daños y heridas en al menos otras 78 y ha subrayado que pese a que las Fuerzas Armadas y la Policía siempre han negado el uso de armas letales, "las evidencias recabadas indican que los disparos con armas de fuego se originaron de sus tropas".

Durante las semanas que siguieron la renuncia de Evo Morales y a la autoproclamación de Jeanine Áñez como presidenta, se produjeron fuertes protestas y movilizaciones contra estos dos episodios, con las masacres de Sacaba, en La Paz, y Senkata, en El Alto, como episodios más funestos, en los que murieron fruto de la represión del Ejército y la Policía una veintena de personas y cerca de 200 resultaron heridas.