Para las víctimas de violación en Mauritania, denunciar puede suponer ir a la cárcel

El Código Penal del país africano penaliza las relaciones sexuales fuera del matrimonio, un delito conocido como 'zina'

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

En Mauritania, mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio es delito, lo que deja a mujeres víctimas de violación o abusos sexuales ante la complicada tesitura de si denunciar o no a sus agresores, habida cuenta de que podrían ellas mismas terminar en prisión o ver sus derechos y dignidad atropellados aún más, ha denunciado Human Rights Watch (HRW).

Según ha podido constatar la ONG, las víctimas de abusos sexuales y violaciones suelen toparse con el estigma social, al que se suma la presión de sus familias para que no denuncien ante las autoridades. "Mujeres y niñas no deberían correr el riesgo de ir a prisión o un mayor estigma por denunciar abuso sexual", ha defendido la directora para Oriente Próximo y el Norte de África de HRW, Sarah Leah Whitson.

"Para combatir la violencia sexual, Mauritania debería exigir a los cuerpos de seguridad y los sistemas de salud pública que dejen de tratar a las víctimas como sospechosas, apoyarlas en la búsqueda de justicia y recuperación, y procesar a los perpetradores", ha defendido Whitson.

HRW ha entrevistado a 33 chicas y mujeres que dijeron haber sido víctimas de violación, así como a miembros de ONG, abogados y funcionarios gubernamentales para la elaboración de su informe "'Me dijeron que estuviera callada': Obstáculos a las justicia y la compensación para las supervivientes de agresión sexual en Mauritania".

Mariama, que ahora tiene 20 años, es una de ellas. Según ha contado a HRW, un taxista la violó cuando tenía 17. Su madre descubrió lo sucedido cuando ya estaba embarazada de ocho meses. "Mi padre se enfadó mucho, me llevó a la comisaría y dijo a los policías que su hija debería ser encerrada porque había dormido con un hombre, y que no quería verla más en su casa", recuerda la joven. "Pasé una noche bajo custodia policial", añade.

En su investigación, la organización ha detectado que cuando las supervivientes se deciden a dar el paso, la Policía y los investigadores judiciales no respectan sus derechos y dignidad.

NO HAY GARANTÍAS DE PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD

Además, ha comprobado que durante la investigación no se garantiza la privacidad y la confidencialidad, en raras ocasiones se ofrece la posibilidad de interactuar con agentes femeninas, y se puede degenerar en una investigación sobre el carácter moral de la víctima de violación. Por otra parte, muchas de las mujeres tienen poco o ningún acceso a asistencia legal o médica, incluida salud mental, o a apoyo social.

Además, la falta de expertos forenses y de protocolos para recabar pruebas por parte de los cuerpos de seguridad y profesionales de la salud puede debilitar la causa de una superviviente ante un tribunal, ha subrayado HRW, que precisa que la mayoría de los hospitales públicos ofrecen atención de emergencia limitada y a menudo se niegan a realizar exámenes médicos a víctimas de violación sin que se lo haya pedido la Policía.

El doctor Amadou Kane, coordinador de la ONG Médicos del Mundo, ha contado a HRW que "los profesionales sanitarios no quieren interferir en las acciones legales cuando corren el riesgo de ser citados a testificar". "Ser identificado como el médico que examinó a la víctima implicada en un litigio crea riesgos de seguridad", ha precisado, añadiendo que a algunos les preocupa que "puedan provocar el encarcelamiento del autor" y temen ser objeto de represalias por parte de estos o sus familias.

PROBLEMAS PARA ABORTAR EN CASO DE EMBARAZO

Muchas supervivientes no pueden permitirse atención médica de emergencia o a largo plazo y aquellas víctimas de violación que se quedan embarazadas no reciben autorización para abortar, ya que la legislación mauritana prohíbe los abortos excepto cuando la salud de la madre está en peligro, ha explicado la organización.

Mauritania también carece de programas e instalaciones financiados por el Gobierno para garantizar y apoyar la seguridad de las supervivientes, la acción legal y la recuperación. El Gobierno no cuenta con refugios para supervivientes que quieren abandonar sus casas tras una agresión --o se ven forzadas a hacerlo-- o para mujeres que salen de prisión tras ser condenadas por 'zina', es decir, por mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio, y que no tienen dónde ir.

Este es precisamente el principal riesgo al que se enfrentan las víctimas de violación, el de ser procesadas si no demuestran que no hubo consentimiento, en parte porque el actual Código Penal no define violación o la noción de consentimiento y no penaliza otras formas de agresión sexual.

El Código Penal mauritano penaliza el 'zina' con flagelación, penas de prisión y, si la acusada está casada o divorciada, con la muerte por lapidación, ha subrayado HRW, precisando que dado que el país no realiza castigos corporales, las sentenciadas a flagelación o lapidación puedan verse encarceladas de forma indefinida, hasta que expertos legales musulmanes dictaminan la conmutación de su sentencia.

SE SIGUE PROCESANDO POR 'ZINA'

Según la ONG, aunque el Gobierno asegura que no se han presentado casos de violación ante las autoridades que hayan llevado a procesamientos por 'zina' en los últimos años, las mujeres con las que ha hablado HRW señalan lo contrario.

Así, en julio de 2016, una chica de 15 años que fue violada repetidamente en grupo por cuatro hombres y retenida durante dos meses fue enviada a prisión tras desvelar que conocía a uno de ellos, quien prometió casarse con ella y ayudarla a huir de su abusiva familia.

Por otra parte, HRW ha reconocido como "un paso en la dirección correcta" el proyecto de ley adoptado por el Gobierno en marzo de 2016 que define y castiga la violación y el acoso sexual, crea tribunales especiales para que se encarguen de este tipo de casos y permite que las ONG presenten causas en nombre de las supervivientes.

No obstante, ha advertido la ONG, el actual borrador se queda corto en algunos aspectos como el mantenimiento de cargos penales por las relaciones de sexo consentido fuera del matrimonio y las restricciones al aborto.

"El Gobierno debería dejar de procesar y detener a gente por 'zina', despenalizar el delito y liberar a cualquiera que estén detenido bajo esos cargos", ha reclamado HRW. Asimismo, ha pedido al Ejecutivo que apruebe el citado proyecto de ley. "Este proyecto de ley sobre violencia de género es una oportunidad para que Mauritania cambie de curso y alinee su legislación con los derechos fundamentales para las mujeres y las niñas", ha defendido Whitson.