La violencia eclipsa el primer año de paz en Colombia

La lucha por los antiguos territorios de las FARC ha desatado una ola de violencia que se ha cebado con los líderes sociales

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno y las FARC lograron hace un año firmar un acuerdo de paz que ha silenciado las armas. La violencia, sin embargo, sigue muy presente en amplias zonas del territorio colombiano, sobre todo en el ámbito rural, de donde el Estado siempre estuvo ausente, y los grupos armados que siguen operando en el país se afanan ahora por ocupar los espacios dejados por la ya extinta guerrilla.

De acuerdo con el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, el proceso de paz en Colombia ha evitado la muerte de unas 2.800 personas entre agosto de 2016 y junio de 2017. Además, en este año los desplazamientos forzados, la consecuencia del conflicto armado que más víctimas ha generado, "se han reducido paulatinamente", según contaba Olivier Longué, director general de Acción contra el Hambre (ACH), en un encuentro informativo esta semana.

Son datos esperanzadores que señalan una tendencia positiva, después de más de medio siglo de combates, pero al mismo tiempo evidencian los "escasos efectos" que, según Amnistía Internacional, ha tenido el acuerdo de paz en la vida de los colombianos. "Todavía queda mucho por hacer para que el proceso de paz suponga alguna diferencia real", ha asegurado el secretario general de AI, Salil Shetty.

En concreto, el secretario general adjunto de Naciones Unidas para Asuntos Políticos, Jeffrey Feltman, ha expresado, tras su reciente visita a Colombia para comprobar el estado del proceso de paz, la preocupación de la ONU por "la situación de seguridad en las antiguas zonas de conflicto, en particular, en aquellas que han sido dejadas por las FARC en el curso de su transformación en un movimiento político".

Las FARC no solo eran la principal guerrilla del país y de América Latina, sino también --como insiste en recordar el ex presidente colombiano Álvaro Uribe-- una organización dedicada a múltiples negocios criminales, como el narcotráfico. Su abandono de la lucha armada ha dejado disponibles todos estos tráficos ilícitos y ha abierto una pugna por su control.

Ejemplo de esta carrera por el emporio delictivo de las FARC es que los cultivos de coca se dispararon un 52 por ciento en 2016, pasando de 96.000 a 146.000 hectáreas, según datos de la ONU, y a lo largo de 2017 han crecido hasta las 180.000 hectáreas, de acuerdo con el último informe de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. Y todo a pesar de que el acuerdo de paz se propone eliminar las plantaciones ilícitas, la mitad de forma forzosa y la otra voluntaria.

LÍDERES SOCIALES

Lo más "alarmante" para Naciones Unidas es la matanza de defensores de los Derechos Humanos y de líderes sociales, especialmente entre las comunidades indígenas y afrodescendientes, porque son los que están sobre el terreno, atestiguan estos crímenes y denuncian la violencia que sigue maltratando a las poblaciones rurales en pleno proceso de paz.

Ayuda en Acción afirma que "la persecución a defensores de Derechos Humanos y los líderes sociales se ha visto incrementada en un 30 por ciento en el último año". Naciones Unidas, por su parte, cifra en 78 los asesinatos en estos colectivos, si bien advierte de que hay otros 13 casos bajo investigación que podrían acabar sumándose.

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha destacado en un reciente informe el caso de José Jair Cortés, un líder afrodescendiente de la comunidad de Alto Mira y Frontera, en el departamento de Tumaco, que fue asesinado el pasado 17 de octubre, a pesar de que estaba bajo protección por las reiteradas amenazas de muerte que había recibido.

En esta región colombiana, ubicada en la costa del Pacífico, "unas 1.500 personas se han visto desplazadas en 2017 y muchas más han estado viviendo bajo confinamiento, lo que 'de facto' significa que no pueden acceder a sus cultivos o a la pesca para cubrir sus necesidades básicas", ha señalado William Spindler, portavoz de ACNUR.

En el vecino Nariño, la violencia alcanzó tales cotas en el mes de octubre que obligó al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, a ordenar una "intervención integral" del departamento, lo que se ha traducido en el despliegue de una fuerza conjunta de 4.000 militares y 2.500 policías para garantizar "el control territorial" por parte del Estado.

EX GUERRILLEROS

Una de las mayores amenazas que planea sobre el acuerdo de paz es la incertidumbre sobre el destino de los 8.000 guerrilleros de las FARC. Uno pocos, la cúpula, forma parte del partido político al que ha dado paso el grupo armado, pero el grueso aguarda en las zonas de concentración, ya desarmados, a que el Gobierno les prepare para poder ganarse la vida legalmente, tal y como establece el acuerdo de paz.

El líder de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias 'Timochenko', ha revelado en los últimos días que en el primer año desde la firma de los textos de La Habana una treintena de antiguos guerrilleros han muerto a manos de los grupos paramilitares y las bandas criminales ('bacrim'), que están aprovechando para vengarse de sus antiguos rivales ahora que son vulnerables.

El Alto Comisionado para la Paz del Gobierno de Colombia, Rodrigo Rivera, ha reconocido que garantizar la seguridad de los ex combatientes de las FARC, en un país que cuenta con el precedente del exterminio de los guerrilleros desmovilizados del M-19 en los años 90, es todavía una tarea pendiente.

"Es urgente trabajar (...) para que, más allá de sus líderes, que han estado bien protegidos; más allá de los que han estado en los espacios territoriales, donde han estado protegidos; por fuera (de las zonas de concentración), porque ya tienen libertad de movimiento, puedan estar bien protegidos", ha dicho Rivera en una entrevista concedida a Europa Press.

IMPRIMIR RITMO

"Si el acuerdo de paz fuera veraz, no habría grupos armados en nuestra tierra. El Gobierno llega a un acuerdo con las FARC pero ¿qué pasa (con la guerrilla del) ELN y con los paramilitares? El propio Ejército, cuando acude al territorio, hace daño a la población indígena", plantea a Amnistía Internacional una víctima de desplazamiento forzado en el departamento de Chocó.

Para las organizaciones humanitarias, la clave para frenar la violencia es acelerar la implementación del acuerdo de paz, que solo se ha completado en un 17 por ciento, según el análisis realizado por el Instituto Kroc, legitimado por las partes para hacer seguimiento de lo firmado en la capital cubana.

"Colombia se encuentra en una encrucijada", ha advertido AI. "Lo que deberían hacer las autoridades es garantizar la aplicación adecuada del acuerdo de paz, así como la adopción de medidas adicionales que consigan que los otros grupos guerrilleros y paramilitares dejen de aterrorizar a la gente", ha reclamado la ONG.

El Instituto Kroc ha alertado igualmente de que "no atender estos temas puede llevar al bloqueo o al colapso de la paz". Si bien "la base es fuerte", "hay que atender las señales de alerta" para "solidificar los cimientos y empezar a construir la casa de la paz".

El Alto Comisionado ha prometido "intensificar las tareas en aquellas áreas que se advierten como deficitarias" para "mejorar el ritmo y la calidad de la implementación del acuerdo". Rivera ha confiado en que la paz acabará siendo una realidad en Colombia. "Sí, lo creo. Ya ha ocurrido en el pasado".