MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -
El primer ministro de Turquía, Binali Yildirim, ha afirmado este miércoles que "no puede haber dos capitanes en el mismo cargo", defendiendo la reforma constitucional para aumentar los poderes del presidente, Recep Tayiip Erdogan.
"Por una parte, hay un sistema parlamentario fuerte, y por otra parte, el presidente que la gente ha elegido de forma directa. No puede haber dos capitanes en un cargo. Debe haber un capitán", ha indicado.
Así, ha afirmado que los cambios constitucionales aprobados en referéndum en 2007, que allanaron el camino para la elección presidencial directa, fueron el paso inicial hacia los cambios que el Gobierno quiere introducir ahora.
Por ello, ha acusado a Kemal Kiliçdaroglu, líder del principal partido opositor, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), de ir "contra la voluntad de la nación", según ha informado el diario turco 'Hurriyet'.
"Esta Constitución fue discutida en el Parlamento", ha dicho, resaltando que rechazar las enmiendas aprobadas "significa rechazar la política y la voluntad nacional".
Kiliçdaroglu había indicado un día antes que la reforma constitucional había sido preparada y aprobada sin el consenso mutuo de los partidos del país. "Las constituciones son el texto del consenso nacional", argumentó.
El Parlamento aprobó un total de 18 enmiendas propuestas por el gubernamental Partido Justicia y Desarrollo (AKP), que contó con el apoyo del opositor Partido de Acción Nacionalista (MHP).
La reforma de la Constitución ideada por el AKP convertirá la Presidencia en un auténtico poder ejecutivo, algo que preocupa a la oposición por la deriva autoritaria de Erdogan.
El proyecto elimina el puesto de primer ministro, rebaja de 25 a 18 la edad mínima para presentarse al Parlamento, e incrementa el número de parlamentarios de 550 a 600, entre otros puntos.
El acuerdo entre el AKP y el MHP se basa en tres puntos. El primero, y más importante, es que Erdogan no podrá hacer uso de sus nuevos poderes ejecutivos hasta 2019.
Además, sus decretos deberán ser transformados en leyes por el Parlamento. Por último, el partido gobernante ha accedido a reducir el quórum para procesar al presidente ante el Consejo Supremo.