ANKARA, 18 Jul. (Reuters/EP) -
El primer ministro turco, Binali Yildirim, ha indicado este lunes que para volver a introducir la pena de muerte en el país haría falta cambiar la Constitución, después de que el propio presidente, Recep Tayyip Erdogan, se haya mostrado dispuesto a estudiar la medida a raíz del golpe de Estado fallido del viernes.
En una comparecencia ante la prensa al término del consejo de ministros, Yildirim ha afirmado que el Gobierno no puede ignorar las peticiones en este sentido de los ciudadanos, que este domingo reclamaron a Erdogan tal medida.
Por otra parte, se ha mostrado crítico con Estados Unidos por sus reticencias a extraditar al clérigo Fetulá Gulen, al que Ankara responsabiliza de estar detrás de la intentona.
"Nos sentiríamos decepcionados si nuestros amigos (americanos) nos dijeran que presentáramos pruebas aunque miembros de la organización asesina están intentando destruir a un gobierno electo bajo las directrices de esa persona", ha sostenido. "En esta fase, podría incluso ser un cuestionamiento de nuestra amistad", ha advertido.
Según ha dicho, el Gobierno tiene documentos que detallan a las personas responsables en el golpe fallido. Los autores del complot tenían planes detallados sobre quién asumiría los cargos ministeriales y quién actuaría como el jefe de la ley marcial, ha precisado, subrayando que la investigación todavía está en marcha y las detenciones continúan.
NUEVO BALANCE
El primer ministro también ha ofrecido un nuevo balance de los sucesos de la noche del viernes cifrando en 208 los muertos a manos de los golpistas --145 civiles, 60 oficiales de Policía y tres soldados--, mientras que 1.491 personas resultaron heridas.
Además, en la respuesta de las fuerzas de seguridad a la asonada perdieron la vida 24 de los participantes en el golpe, mientras que otros 50 resultaron heridos. Según el balance ofrecido el domingo por el Ministerio de Exteriores, el golpe se saldó con 290 muertos, incluidos un centenar de golpistas, por lo que se habría revisado a la baja la cifra.
Por otra parte, Yildirim ha indicado que 7.543 personas han sido detenidas en relación con el golpe fallido, de las cuales 100 eran oficiales de Policía, 6.038 eran militares de distinto rango, 755 eran jueces y fiscales y 650 eran civiles. Del total, se ha dictado ya prisión provisional contra 316 de ellos.
El primer ministro también ha indicado que se ha decidido suspender a 2.745 miembros de la judicatura de distinto rango. El Ministerio del Interior ha ordenado la suspensión de 8.777 funcionarios tras la asonada lo que incluye a 7.899 policías, 614 oficiales de la Gendarmería, 30 gobernadores provinciales y 47 gobernadores de distrito, según se había informado previamente.