El abogado Pablo Carranza asegura que nunca asesoró al dueño de RR7 para la compra de mascarillas

   SANTA CRUZ DE TENERIFE, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El abogado Pablo Carranza, asesor fiscal y jurídico de RR7 United, investigada en el 'caso Mascarillas', ha asegurado que nunca asesoró al dueño de esta empresa, Rayco González, para la celebración de un contrato con el Gobierno de Canarias, por importe de 4 millones de euros, para la compra de material sanitario durante la pandemia, y aseguró que solo tuvo conocimiento de dicha compra cuando su despacho recibió una factura para hacer frente al pago del Impuesto de Sociedades.

   Asimismo, señaló que no le sorprendió que una empresa como la de Rayco González, que se dedicaba a la compraventa de vehículos a motor, pudiera facturar dicha cantidad por la compra de mascarillas traídas de China, al tiempo que reconoció los préstamos efectuados por RR7 United a otras empresas vinculadas a la misma, como Baremar, que presuntamente recibió 272.000 euros procedentes de los 4 millones recibidos del Servicio Canario de la Salud (SCS).

   También ha negado que haya actuado como intermediario entre Rayco González y el SCS o que haya emitido algún informe de idoneidad o similar acerca de si la empresa cumplía los requisitos suficientes para traer mascarillas. En este sentido, ha querido dejar claro que su labor "se limita a la confección de impuestos, la contabilidad y a ajustar al Derecho Fiscal la problemática que deriva de las empresas".

   "No soy comisionista ni me dedico a la intermediación. Mi labor nunca ha sido contratar o dejar de contratar. Mi labor es calcular impuestos, defenderlos ante la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. Fuera de ese ámbito, no tengo ningún conocimiento", afirmó el asesor durante su intervención en la comisión parlamentaria que investiga las presuntas compras irregulares de material sanitario durante la pandemia por parte del Gobierno de Canarias.

   En respuesta a las múltiples preguntas realizadas por sus miembros, Pablo Carranza indicó que su empresa cuenta con una cartera de unos 350 clientes, entre las oficinas de Fuerteventura y Gran Canaria, y aclaró que nunca ha trabajado para el Gobierno de Canarias ni tampoco se le consultó por parte del dueño de la empresa RR7 United para obtener el contrato para la compra de material sanitario. También negó cualquier contacto con algún miembro del Gobierno de España o de cualquier otro.

   Pablo Carranza incidió en que el periodo de la pandemia fue "súper complicado", pues asesores fiscales y laborales como él tuvieron que hacer frente "a un montón de ertes y a un montón de situaciones laborales" que no eran capaces de abordar por los cambios normativos que hizo el Gobierno "de la noche a la mañana". Además, insistió que no se dedica a la contratación y que, con 350 clientes, "si me dedico a mirar cada vez que alguien hace algo, no me da la vida", apostilló.

   Sí reconoció que, una vez llegó el envío de un millón de mascarillas traídas por RR7 United, el Departamento de Aduanas se puso en contacto con él para solicitarle la puesta en práctica del procedimiento acordado por la directriz europea de proceder a la destrucción de las mismas por ser falsas, si bien aclaró que no asesoró en ningún momento a Rayco González para que devolviera los 4 millones de euros que había pagado el Gobierno de Canarias porque, tal y como insistió, no estaba al corriente de esta operación.

"POR PRIMERA Y ÚLTIMA VEZ".

   Carranza también negó tener alguna relación con el ministro Ángel Víctor Torres, aunque sí reconoció haberlo visto "por primera y última vez" durante una comida familiar celebrada en un restaurante en El Cotillo, en la isla de Fuerteventura, en la que también estaba presente el cuñado de Rayco González y que se hizo pública por una foto. Ahora bien, aseguró que en ningún caso se habló en este encuentro sobre el contrato de las mascarillas y no que fue allí "a arreglar los asuntos de nadie". "Yo no me presto a eso", apuntó.

   A respecto, hizo hincapié en que si ha acudido a esta comisión es porque, según sus palabras, "hace años podía ir libremente a eventos y coincidir con el señor Paulino Rivero en la misma mesa y nadie me lo echó en cara, pero lo que se ha hecho hoy aquí es hacer daño a mi familia y a mi círculo más cercano con una foto por pensar que me puedo sentar con cualquiera a comer porque entendía que era normal. Lo que no se puede hacer es intentar hacer daño por hacer pública una mentira y hacer un relato". También lamentó que algunos miembros de la comisión quieran ser "jueces y fiscales" al asegurar que se apropió de los 4 millones de euros por la compra de las mascarillas.