Abogados y procuradores de Canarias solicitan una jubilación digna

El Diputado del Común, Rafael Yanes, y la adjunta segunda, Milagros Fuentes, se reúne con abogados y procuradores del movimiento J2
El Diputado del Común, Rafael Yanes, y la adjunta segunda, Milagros Fuentes, se reúne con abogados y procuradores del movimiento J2 - DIPUTACIÓN DEL COMÚN
Publicado: miércoles, 19 julio 2023 14:16

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Diputado del Común, Rafael Yanes, y la adjunta segunda, Milagros Fuentes, se han reunido con abogados y procuradores del movimiento J2, adscritos a la Mutualidad de la Abogacía y la Mutualidad de Procuradores como alternativa al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), quienes trasladaron la problemática por el cobro de jubilación que van a percibir.

La abogada Elisenda Cozzi, miembro del movimiento J2, manifestó que son mutualistas alternativos al RETA que están llegando a la edad de jubilación y todo lo que les ofrecieron "no tiene nada que ver con la realidad". "Siempre nos han dicho que tendríamos mejores prestaciones que el autónomo y la realidad es que ni siquiera llegamos a la jubilación no contributiva", añadió.

En su caso particular, indicó que va a cobrar 266 euros si se jubila el año que viene: "No pretendemos que el Estado nos acoja, sino que con el fondo propio con el que contamos los abogados mutualistas se nos permita hacernos autónomos y, de esta forma, poder aportar nuestro fondo como prestación respetando los años cotizados". Y añadió que en España la justicia gratuita la han mantenido exclusivamente los abogados y procuradores, y "no se nos ha valorado para nada, esto es un asunto de justicia social", apostilló.

Los miembros del movimiento J2 afirmaron que actualmente existen 80.000 profesionales en España afectados por esta problemática, de los que 7.700 abogados y 500 procuradores son de Canarias.

Rafael Yanes, por su parte, señaló que estos profesionales "son una pieza fundamental en la tutela judicial efectiva y viven una situación injusta". Anunció que, al ser un asunto del Estado, lo trasladará al Defensor del Pueblo de España para que lo gestione ante el Ministerio correspondiente.

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