SANTA CRUZ DE TENERIFE, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Medio Ambiente, la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha pagado más de tres millones de euros en distintas obras o proyectos que no han acabado o ni siquiera comenzaron entre 2002 y 2008. El barranco de Santos, una marina deportiva y las obras en Las Teresitas han sido los proyectos a los que se han destinado los fondos públicos.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife adjudicó en el año 2000 la primera fase del viario del barranco de Santos a la Unión Temporal de Empresas Necso-PPL. Según recogía el periódico El Día, la obra costaría 19,1 millones de euros y se ejecutaría en 14 meses.
En el año 2000, de forma unilateral, según recoge un informe del Consejo Consultivo las empresas paralizan la obra. Argumentan que no se han expropiado los terrenos y solicitan además una ampliación de capital para las obras. El Ayuntamiento no cede a la petición y anuncia que solicitarían daños y perjuicios.
Según el informe del Consejo Consultivo, la obra se había ejecutado en un 7,1 por ciento, lo que suponía 1,3 millones de euros. Reconoce el documento, que se había demorado más de 15 meses la ejecución de los trabajos, que quedaron inconclusos.
Tras reuniones y encuentros, la Gerencia de Urbanismo abonó los gastos hechos por la empresa --1,3 millones-- e hizo una nueva adjudicación a otra empresa por algo más de 22 millones de euros. Todavía la obra no se ha inaugurado.
UNA PLAYA PARA VALLESECO
La Autoridad Portuaria zanjó este año y con con 1,5 millones de euros un litigio que se remontaba al año 2001, cuando Puertos de Tenerife y con el acuerdo de la Universidad de La Laguna, cedió parte del uso portuario de la conocida como Escuela de Náuticas a la empresa Airlink Canarias para construir una marina deportiva.
A cambio, la entidad haría un dique de abrigo y garantizaría el espacio para las embarcaciones exigidas para las titulaciones de Náuticas que la escuela ofrece. Fue en el año 2004, cuando el Seprona acudió ante los movimientos de las primeras tierras en la zona de la playa de Valleseco en la capital tinerfeña solicitando unas licencias de las que no disponía la empresa, y que aseguraba no precisaba hasta hacer los rellenos frente a la escuela universitaria.
Los vecinos de Valleseco, próximos a la zona y usuarios del litoral, salieron a reclamar las obras de mejora de su playa y rechazaron con manifestaciones y sentadas el proyecto.
En el 2006, se firmó el acuerdo entre la Dirección General de Costas, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Autoridad Portuaria para sacar adelante un concurso de ideas y la remodelación de la playa. No obstante, la empresa tenía derecho a que se le revocara la concesión. Finalmente, el ahora presidente del Puerto, Pedro Rodríguez Zaragoza, --el conflicto se produjo con su antecesor, Luis Suárez Trenor-- anunció que se había decidido pagar 1,5 millones para rescatar la concesión.
TAMBIÉN EN LA COSTA
Las obras en la playa de Las Teresitas también han supuesto un desembolso económico -- más de 700.000 euros-- por obras que no se comenzaron y también inconclusas.
Así, por un lado, una resolución de la Secretaría General del Mar puso en junio fin al contrato firmado entre la administración del Estado y la empresa Acciona, adjudicataria de la fase primera fase del proyecto de ordenación de Las Teresitas en Santa Cruz de Tenerife, sin que comenzaran las obras y por la que se indemnizó a la constructora con 486.689 euros, que corresponden al 6 por ciento de lo que se licitó la obra --10,4 millones--.
Por otro lado, la Gerencia de Urbanismo de la corporación capitalina anunció el inicio del expediente para rescindir el contrato a la empresa OHL adjudicataria de los trabajos para la construcción del aparcamiento, así como la obra del viario que recorre la playa diseñados por el arquitecto Dominique Perrault, tras el concurso de ideas.
La cifra no está fijada, pero en los ocho meses que se ha paralizado la obra --a instancias de la Dirección General de Costas de Canarias que prohibió los trabajos en la zona de servidumbre de este litoral, mientras no se resolviera el expediente de deslinde marítimo terrestre-- ha significado el abono de 30.000 euros mensuales, según han recogido diversos medios de comunicación en la provincia de Tenerife. Esto supone una cifra total de 240.000 euros, a los que habrá que sumar la indemnización por rescindir el contrato también por determinar.
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