Afectados presentan una "hoja de ruta" con 23 medidas para garantizar la reconstrucción de La Palma

Solicitan la ordenación definitiva del territorio, un plan integral para resolver la falta de vivienda y un cambio en el sistema de ayudas

SANTA CRUZ DE LA PALMA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Afectados por la Erupción del Volcán Cumbre Vieja 2021 ha aprobado un manifiesto en el que solicita a las distintas administraciones públicas un total de 23 medidas para concretar "la hoja de ruta definitiva" sobre la reconstrucción de la isla tras la erupción volcánica de hace dos años.

"Muchos afectados siguen esperando respuestas a los problemas derivados de la pérdida de viviendas, enseres, fincas o empresas, y las ayudas prometidas, y en general, los medios para recuperar la economía de una isla que atraviesa una de las peores crisis de su historia", señala en un comunicado.

La plataforma, que celebró esta semana un encuentro con representantes de las administraciones públicas, demanda informes del IGN y el IGME sobre qué zonas de las coladas pueden ser recuperadas y en qué plazos y también quiere conocer la ordenación del nuevo territorio.

En cuanto al problema de la vivienda, reclama un plan integral en el que las ayudas por pérdida de hogar puedan recibirlas también las viviendas "en situaciones de precario" y las que no estuviesen regularizadas, en especial en parcelas donde había originalmente una casa y se añadieron otras pertenecientes al mismo núcleo familiar.

Asimismo, la plataforma urge al Gobierno canario actual a que la ayuda de 30.000 euros alcance ese importe para todos los beneficiarios, "tal como prometieron los anteriores gobernantes y no cumplieron" y otra demanda importante es que las ayudas al alquiler de primera vivienda se abonen con carácter mensual "y no cada cuatro o más meses".

Igualmente plantea estudiar la posibilidad de que aquellos afectados que hayan perdido segundas viviendas o camas turísticas puedan reconstruirlas en suelos no edificables dada la gran importancia que tenían estos ingresos complementarios en los núcleos familiares.

RECUPERAR EL VALOR DE LO PERDIDO

En el listado de peticiones figura también que el Gobierno canario cumpla el compromiso de pagar el valor del patrimonio privado destruido por la erupción, es decir, con el valor que tenía antes de la catástrofe.

En este sentido, la plataforma propugna priorizar a los afectados de avanzada edad que no vayan a reconstruir sus inmueble.

Una medida también demandada y no satisfecha aún, señala, es la cancelación de préstamos, en especial los hipotecarios sobre primeras viviendas destruidas.

Por lo que respecta a la agricultura, la plataforma pretende definir un plazo para la reconstrucción de los bancales, proyectar el abastecimiento de tierra vegetal necesaria, determinar las zonas de fincas comunes y las que podrán reconstruir los particulares, al tiempo que dejar claro todo el sistema de ayudas públicas y créditos blandos para estos fines.

MODIFICAR LEGISLACIÓN ESTATAL

En lo que se refiere a legislación estatal, este colectivo ve necesario modificar la Ley de Expropiación Forzosa --para que el justiprecio sea al valor anterior a la erupción--, el Código Civil --ya que a día de hoy discrimina a los afectados por volcanes su sección reguladora del derecho de acceso a inmuebles afectados por incidentes o catástrofes-- y, por último, la Ley de Seguros --para que se puedan asegurar terrenos con actividades económicas frente al riesgo volcánico--.

En cuanto a fiscalidad, la plataforma defiende un régimen de bonificaciones fiscales homogéneo entre las distintas administraciones públicas hasta que La Palma recupere los índices económicos anteriores a la erupción.

En la lista de reivindicaciones está también una mención a Puerto Naos y La Bombilla, todavía evacuados por los gases, por lo que se propone zonificar el peligro, medidas preventivas frente al CO2, garantizar las ayudas a las empresas afectadas y soluciones habitacionales para su población.

La plataforma también requiere una planificación detallada de la recuperación de vías preexistentes a la catástrofe.

En este contexto, concede un "margen de confianza" a las nuevas autoridades autonómicas, insulares y locales, aunque advierte de que deben cumplir los compromisos adquiridos para no demorar la reconstrucción y posibilitar que se haga de la mano de la población damnificada.