AM.Audiencias Provinciales admiten "preocupación" por la carga de trabajo que asumirán juzgados de violencia de la mujer

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona, Antonio Ramón Recio, ha admitido este viernes que la "mayor preocupación" que tienen en las audiencias provinciales se encuentra en el "exceso" de la carga de trabajo que va a haber con la entrada de la Ley 1/2025, a partir del mes de octubre, cuando los juzgados de violencia sobre la mujer tengan que asumir los delitos de violencia sexual.

Recio se ha referido así, en declaraciones a los periodistas, a las conclusiones de las XXIII Jornadas de Presidentes/as de Audiencias Provinciales, celebradas en Las Palmas de Gran Canaria, y que aseguró han sido "realmente muy fructíferas y muy interesantes".

Así sobre la reforma de la Ley 1/2025, indicó que en las conclusiones se intenta, "de alguna manera", que el impacto que va a tener este "exceso" de carga de trabajo en los juzgados puedan asumirlo y se pueda dar a las víctimas de estos delitos "el trato que merecen y puedan ser consideradas y atendidas como corresponde".

En este sentido, las comisiones provinciales de coordinación en violencia sobre la mujer señalan en sus conclusiones que, ante la atribución a los juzgados de violencia de género de los delitos contra la libertad sexual, es necesario un estudio pormenorizado del volumen y penosidad de estos delitos, así como dotar de plazas judiciales y demás medios personales necesarios, para afrontar estas competencias "evitando la revictimización que la dilación" de los procedimientos penales y civiles pueda ocasionar.

Añade que en los casos en que declaren las víctimas de forma telemática, solicitan la implementación de los medios tecnológicos necesarios que garantizar la comunicación por videoconferencia u otros medios desde un punto de acceso seguro.

También reclaman, ante las dilaciones que se producen desde la resolución judicial que acuerda la medida hasta la colocación de dispositivos de control telemáticos de proximidad, una ampliación urgente de la plantilla de técnicos del centro Cometa. En relación con ello, instan además a revisar y corregir las disfunciones de estos dispositivos, que pueden presentar fallos técnicos o ser manipulados, con el fin de evitar la desprotección de las víctimas.

Entre otras cuestiones, también solicitan la ampliación de las dotaciones de profesionales (forenses y psicólogos necesarios con formación en violencia de género), apuntillando que la externalización de los servicios puede generar "contradicciones y revictimización". Además de proponer la creación de un observatorio específico de violencia de género en el medio rural para analizar sus peculiaridades y proponer medidas.

"TRANSFORMACIÓN" DE LA ORGANIZACIÓN JUDICIAL

Si bien, según las conclusiones, la reforma de la LO 1/25, instaurando los tribunales de instancia, se considera en líneas generales "positiva", ya que llevará a una "transformación" de la organización judicial inspirada en principios como la especialización, la flexibilidad organizativa o potenciando la movilización de efectivos, entre otros, también entienden que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debe "asumir el necesario protagonismo y liderazgo" en una reforma de "tanta relevancia" judicial como la que se va a instaurar.

Para ello, consideran que debe recabar la información que se estime necesaria, tanto del Ministerio de Justicia como de las comunidades autónomas con competencias transferidas, para proponer las medidas que se estimen oportunas con el fin de lograr la "máxima eficacia" de la reforma.

En este sentido, recoge que es "absolutamente necesario" que, tanto en los territorios del Ministerio de Justicia como en las comunidades autónomas con competencias transferidas, se confeccionen "de forma efectiva y suficientemente dotadas" las relaciones de puestos de trabajo que integrarán cada uno de los servicios comunes; mientras que en la relación de puestos de trabajo debe contemplarse un servicio de apoyo gubernativo a la Presidencia de la Audiencia Provincial integrado por funcionarios de libre designación.

En cuanto a la regulación del teletrabajo, entienden que deben concretarse los casos en los que no es posible la autorización del teletrabajo.

Por otro lado, en el marco de la orden penal, piden al CGPJ que, a través de las Salas de Gobierno, recabe los datos concretos de entrada de asuntos de violencia sexual de cada órgano afectado, al tiempo que entienden que deben plantearse soluciones de comarcalización de las Secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia para establecer un sistema organizado de guardias y unificar los servicios de atención a las denunciantes.

Esto, añaden, permitirá ganar "en rapidez" y evitar revictimizaciones "innecesarias".

INCENTIVOS FISCALES

Por otra parte, en lo que se refiere a las necesidades legales, organizativas y presupuestarias en el orden civil, apuntan al desarrollo de incentivos fiscales con un acuerdo negociado mediante la extensión de los supuestos previstos en el artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre.

Asimismo citan la equiparación económica de los honorarios de los profesionales cuando alcancen un acuerdo previo y/o presenten una demanda (acordar y litigar), tanto en el régimen de la asistencia jurídica gratuita como en los criterios orientativos que elaboren los colegios de la abogacía a los solos efectos de su inclusión en una tasación de costas o en una jura de cuentas (art. 6.2.e LODD).

También solicitan medidas de apoyo y refuerzo oportunas para gestionar la "presumible sobrecarga" en los juzgados de primera instancia y de paz (art. 47 LEC), por la utilización de la conciliación (arts. 138 a 148 LJV ) como medio adecuado de solución; y en todos los órganos judiciales civiles.