La APLP aprueba el desalojo del Centro Comercial Sotavento, en el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) ha aprobado este jueves el desahucio administrativo y desalojo de las instalaciones del Centro Comercial Sotavento, situado en el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria, y gestionado por la entidad Explotaciones Sotavento S.L.

El desalojo se produce ante la deuda que acumula la entidad a fecha de agosto de 2024, que asciende a 463.346,36 euros, referentes a tasas y reclamación de enriquecimiento injusto. Además, está explotando el Centro Comercial Sotavento "sin título habilitante" al efecto desde el 31 de julio de 2023, según ha informado la APLP en un comunicado.

La Autoridad Portuaria de Las Palmas, a petición de la propia empresa, le concedió un fraccionamiento respecto del importe adeudado, que ascendía a 105.160,60 euros pero dicho importe "no ha sido abonado, con lo que se ha procedido al desahucio" administrativo de Explotaciones Sotavento.

Sobre ello, la presidenta de la APLP, Beatriz Calzada, ha explicado que accedieron al fraccionamiento de la deuda precisamente para "no" perjudicar a los negocios del Centro Comercial Sotavento, ya que la "voluntad ha sido siempre" la de mantener la actividad de estos negocios. Sin embargo, matizó que debido a que Explotaciones Sotavento ha incumplido los plazos para abonar la deuda, legal y jurídicamente no ha quedado otra opción más que la de instar al desahucio.

OBRAS

Por otro lado, el Consejo de Administración de la APLP ha aprobado el expediente y la apertura del procedimiento para la adjudicación del contrato de obras del proyecto 'Dique-muelle comercial en el puerto de Puerto del Rosario', en Fuerteventura.

El nuevo dique mejorará la operativa del puerto dado el abrigo que va a proporcionar y aumentará su capacidad especialmente en el tráfico de combustible, ya que este nuevo muelle se utilizará como nuevo sitio de atraque para la descarga de productos petrolíferos, alejándolo así de otras actividades que se llevan a cabo en el puerto.

Esta obra cuenta con un presupuesto de 44 millones de euros y un plazo máximo de ejecución de 17 meses, y está cofinanciada con fondos europeos FEDER 4.

También se ha aprobado la asistencia técnica para el control y apoyo a la dirección de obras de este proyecto, que cuenta con un presupuesto de 491.650 euros y un plazo de ejecución de 21 meses; así como la certificación final de las obras ejecutadas del contrato 'Ampliación Muelle de Naos', en el puerto de Arrecife, con un saldo final de 1.103.948,05 euros; y la certificación final de las obras ejecutadas del contrato 'Nuevos carriles para grúa en el Muelle Cristóbal Colón', con un saldo final de 110.546,95 euros.

El Consejo de Administración ha corregido también el error por parte de la terminal de contenedores La Luz, S.A, en la medición inicial de la superficie cedida a Carcanarias Logistics, S.L, para a limpiar, aspirar y secar vehículos. Así, la superficie total destinada a la actividad es de 1.200 m2, 200 m2 más de los estimados en la primera medición.

Por otra parte, durante la celebración del Consejo se ha informado de que se suspende temporalmente el contrato de obras para ejecutar el proyecto 'Acondicionamiento zona de operaciones de la terminal de pasajeros' del muelle Santa Catalina, que está llevando a cabo la empresa Lopesan.

La suspensión de este contrato "no supone en ningún caso retraso" en la ejecución de las obras, que acabarán a mediados de 2025, a lo que añaden que la suspensión se debe a que las instalaciones provisionales necesarias para prestar el servicio al pasaje de cruceros durante la construcción de la nueva terminal hacen inviable el desarrollo del resto de trabajos de obra pendientes de ejecutar.

Finamente, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas ha dado cuenta del nombramiento de Ignacio Gallego como nuevo Capitán Marítimo, así como la incorporación de Jaime Luezas como representante de la Administración General del Estado.