El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife desarrollará un órgano propio para la evaluación ambiental

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Zaida González, anunció este viernes la determinación del consistorio de activar la previsión de la nueva Ley del Suelo para crear un órgano municipal propio encargado de la evaluación ambiental estratégica.

González recuerda en una nota que con la entrada en vigor de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, "se reconoce por primera vez la potestad de los municipios de las islas de dotarse de un órgano propio que evalúe y dictamine la adecuación de la ordenación urbanística a la legislación ambiental vigente, en lugar del órgano autonómico, la Cotmac, que venía ejerciendo esa función hasta el momento".

La concejal de Urbanismo considera que Santa Cruz de Tenerife" está en las mejores condiciones de asumir directamente esta función clave, en vez de dejarlo en manos de los órganos ambientales insular y autonómico".

La nueva Ley del Suelo establece en su artículo 86 que los municipios de más de 100.000 habitantes pueden crear un órgano ambiental propio siempre que dispongan de los recursos precisos, o bien delegar esta función mediante convenio en órganos análogos de ámbito administrativo superior.

González avanzó que "la creación efectiva de este nuevo órgano municipal se producirá una vez que la Administración autonómica proceda al desarrollo reglamentario de la nueva Ley del Suelo".

De igual forma, aseguró que "atendiendo escrupulosamente a la nueva normativa, el futuro órgano ambiental de Santa Cruz de Tenerife informará con carácter preceptivo y determinante y operará con la debida autonomía, separación funcional y orgánica del área de Urbanismo".

Para la edil, "nadie debe abrigar la menor duda sobre nuestra voluntad de cumplir y hacer cumplir la legislación ambiental en el desarrollo urbanístico de la capital, la diferencia es que a partir de ahora esa función no estará residenciada en la administración autonómica o insular, sino en el ámbito municipal al que tenemos legítimo derecho".