Cabildo de Tenerife insta a Interior a retirar decreto del registro de viajeros por "limitar" los derechos fundamentales

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha exigido al Ministerio del Interior la retirada del decreto sobre el Registro de Viajeros por "limitar" los derechos fundamentales de las personas y exige, tras aprobar una moción en el Pleno de la corporación insular este viernes, su retirada.

Esta limitación de derechos se debe, según el acuerdo adoptado, a que se "obliga a las personas a aportar datos de carácter reservado a empresas privadas para su almacenamiento y posterior envío a dicho ministerio para su tratamiento, así como por los perjuicios que produce al sector turístico en cuanto a su operatividad, economía y el riesgo que supone el almacenamiento y custodia para la privacidad de datos personales sensibles", según ha informado el Cabildo de Tenerife en nota de prensa.

Además la moción exige al Ministerio del Interior el cumplimiento de la Consideración 1 del Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y de Consejo de 27 de abril de 2016 que "establece que la protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales es un derecho fundamental".

En este sentido, indica que el artículo 8, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y el artículo 16, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la UE establece que "toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que le conciernan".

El Cabildo de Tenerife también insta a que el desarrollo legislativo del Ministerio del Interior "refuerce y especifique" los derechos de las personas interesadas, así como las obligaciones de quienes tratan y determinan el tratamiento de los datos de carácter personal, además de garantizar el cumplimiento de las normas relativas a la protección de los datos de carácter personal.

El pleno en su acuerdo solicita también a Interior el cumplimiento del principio de interdicción de la arbitrariedad, "por el que las autoridades no pueden tomar decisiones arbitrarias entendiéndose por tales las que producen infracción del principio de igualdad de trato de los administrados ante la aplicación de la ley".

También ha reclamado que en su regulación, referida a la protección de las personas, a la hora de la recopilación para el tratamiento de datos personales previo consentimiento del interesado, como responsable de dicho tratamiento, "debe ser capaz de demostrar que aquel ha dado su consentimiento".

En este sentido, indica que para garantizar que el consentimiento se ha dado libremente, este "no debe constituir un fundamento jurídico válido para el tratamiento de datos de carácter personal, sobre todo, en el caso concreto en el que exista".

El pleno insular dará traslado de este acuerdo a la Agencia española de Protección de datos para que, en el marco de las funciones que le atribuyen los artículos 57 y 58 del Reglamento (UE) 2016/679, promueva la modificación del Real Decreto de referencia, al "no" cumplir con los principios de "adecuación, necesidad y proporcionalidad" que establece la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la solicitud y tratamiento de datos que se requieren de una persona que viaja.

En el acuerdo plenario se recuerda que el Gobierno de España "ha ignorado por completo los pronunciamientos sobre este decreto del Congreso y del Senado, descartando ni siquiera considerar un nuevo periodo de prórroga para la entrada en vigor de esta compleja e inasumible normativa, que lastra de lleno la operativa diaria de miles y miles de pequeñas empresas de la cadena de valor turística".

Finalmente recoge el texto que todo esto "pone en riesgo el funcionamiento de los flujos turísticos", al tiempo que genera "serios interrogantes de índole jurídica en materia de protección de derechos y privacidad de turistas y usuarios, tanto de carácter doméstico como internacionales".