Canarias cumple con el periodo medio de pago a proveedores de un máximo de 30 días

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Intervención General ha elevado al Consejo de Gobierno su último informe sobre los períodos medios de pago y pendientes de pago correspondiente al ejercicio 2023 y primer semestre de 2024.

De los datos obtenidos se desprende que el Gobierno de Canarias ha cumplido con el período medio de pagos a proveedores al respetar el plazo legal máximo establecido de 30 días para el abono de facturas de servicios y suministros.

El informe incluye los periodos medios de pago (PMP) y pendientes de pago (PMPP), distinguiendo por agente y plazos desde la entrada de la factura hasta su conformidad, y desde la conformidad hasta el reconocimiento contable, ha destacado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello.

Tanto en las operaciones pagadas como en las pendientes de pago, se pone de manifiesto que el conjunto de la administración autonómica cumple con el plazo legal para su abono, ha indicado.

Desde el principio de la legislatura el Gobierno ha insistido en la necesidad de simplificación de los procesos y la mejora continua.

Por eso, desde la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea se valora el esfuerzo de los diferentes departamentos autonómicos y centros directivos por agilizar sus procedimientos.

La información recabada servirá para reflexionar e implementar cambios y mejoras, evitar posibles retrasos y corregirlos para que no se vuelvan a producir.

La información emitida por la Intervención General tiene su fundamento en el Acuerdo de Gobierno de 20 de febrero de 2014, en el que se adoptaron una serie de medidas para contribuir a la reducción del período medio de pago y garantizar el cumplimiento de la normativa de medidas de lucha contra la morosidad y de estabilidad y sostenibilidad financiera, con el fin de dar cumplimiento a la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como a todas las exigencias derivadas de la aplicación de la normativa de morosidad y de control de la deuda.