SANTA CRUZ DE TENERIFE, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles, a propuesta de la Consejería de Hacienda, establecer el límite de gasto no financiero de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2025 en 11.604,26 millones de euros. Esta cifra supone 302,89 millones de euros más que en el presupuesto inicial de 2024, lo que representa un crecimiento del 2,68%. Asimismo, se vuelve a descartar una bajada del IGIC del 7% al 5% en 2025.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera de Hacienda, Matilde Asián, explicó que con la comunicación del límite de gasto no financiero se da cumplimiento a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante, LOEPSF), que obliga a las Comunidades Autónomas a aprobar un límite máximo de gasto antes del 1 de agosto.
La consejera quiso recordar que el límite de gasto no financiero lo marca la regla del gasto, cuya aplicación conlleva que la comunidad autónoma obtendrá un superávit o capacidad de financiación estimado en 417,77 millones de euros para 2025 y un saldo estructural positivo de 496,8 millones de euros.
"En consecuencia, un total de 439,34 millones, provenientes de mayores recursos del sistema de financiación autonómica y de otros ingresos no financieros de 2025 respecto al inicial de 2024, no se podrán aplicar a empleos no financieros y, por lo tanto, no se podrán destinar a financiar las necesidades básicas de los canarios o bajar impuestos", manifestó Asián.
La responsable autonómica indicó que ante estas distorsiones en el funcionamiento de las reglas fiscales actuales, desde la Consejería se ve necesario que las fuerzas políticas del Parlamento de Canarias apoyen la propuesta de disposición legal para las comunidades autónomas planteada por el Gobierno de Canarias, que propone que el incumplimiento de la regla de gasto no dé lugar a la aplicación de las medidas preventivas, correctivas y coercitivas previstas en la LOEPSF, siempre que la comunidad autónoma mantenga "equilibrio o superávit estructural" y deuda inferior al 13% del PIB.
Según Matilde Asián, "esta propuesta de disposición del Gobierno de Canarias es absolutamente respetuosa con la Constitución española y con la actual normativa de la Unión Europea", añadiendo que esta situación no hará posible que el próximo año se pueda cumplir con el compromiso asumido en campaña electoral de bajar el IGIC del 7% al 5%.
El artículo 30 de la Ley LOEPSF obliga a las Comunidades Autónomas a aprobar, en sus respectivos ámbitos, un límite máximo de gasto no financiero coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de asignación de recursos de sus presupuestos.
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