Castilla avisa de falta de competencias sobre el RIU Oliva Beach: "No queremos que se cierre pero poco puedo hacer"

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla (ASG), se ha solidarizado este martes con los trabajadores del hotel RIU Oliva Beach de Fuerteventura, afectados por un anuncio de Expediente de Regulación de Empleo (ERE) a raíz de la negativa del Ministerio de Transición Ecológica a dar permiso a unas obras de reforma y ampliación, si bien ha aclarado que su departamento no tiene competencias.

"No queremos que el hotel se cierre pero poco puedo hacer", ha indicado en comisión parlamentaria en respuesta a una pregunta del Grupo Popular, subrayando no obstante que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, hace un "seguimiento estrecho" del problema y se ha reunido en varias ocasiones con representantes del Estado y de los trabajadores.

La consejera ha insistido en que "Canarias no tiene competencias en costas" y el procedimiento, además, ni siquiera depende del Ministerio de Turismo, sino del de Transición Ecológica, al tiempo que ha preguntado al diputado del PP Fernando Enseñat si "para unas cosas" se exige el cumplimiento de la legalidad y para otras no.

En esa línea, ha demandado "hablar con claridad y demagogia" porque "se trata de cumplir o no la legalidad", no de una cuestión de voluntad política, como apunta el PP.

Castilla ha recordado que la cadena recibió una prórroga de la concesión por 75 años y un canon de dos millones anuales --el hotel se ubica en el paraje de las dunas de Corralejo-- en septiembre de 2016, presentó la solicitud de reforma a finales de 2017 con aval de las instituciones canarias y tuvo informe negativo de Costas en septiembre del año pasado.

"Es un informe negativo de un funcionario que no podemos saltar a la torera, si nos lo saltamos estamos prevaricando", ha alertado, tildando también de "cínico" a Enseñat por cuestionar su falta de interés por el futuro del hotel porque no está ubicado en Valle Gran Rey (La Gomera).

UN PROBLEMA DE VOLUNTAD POLÍTICA, SEGÚN EL PP

Enseñat ha comentado que el hotel es un "motor económico" del norte de Fuerteventura que da trabaja de manera directa a más de 400 familias y tiene una "fuerte carga emocional" porque fue de los primeros hoteles que construyeron en la isla que se hicieron en 1977 y ayudó al desarrollo económico.

Ha criticado que la cadena "está esperando respuesta" del Ministerio de Transición Ecológica que "parece" que quiere "poner en entredicho" la concesión con un nuevo dictamen a la Abogacía del Estado. "Es inaceptable", ha explicado.

Enseñat ha apuntado que Torres ha hecho "promesas" a los trabajadores y "están esperando a que actúe", más aún cuando "los mismos" --en referencia al PSOE-- gobiernan en Fuerteventura, Canarias y al frente del Estado.

"Este hotel es legal, es un problema de voluntad política y hay 400 familias que se pueden quedar en el paro. No me hable de competencias, exijan al Gobierno que autorice las obras ya", ha indicado.