CC-PNC abre la puerta a una comisión de investigación del 'caso mascarillas' si el Gobierno no se explica bien

El portavoz sanitario critica el "teatrillo" de buscar la cabeza de Conrado Domínguez y extiende el caso a Julio Pérez y Antonio Olivera

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Sanidad de CC-PNC en el Parlamento de Canarias, José Liberto Díaz-Estébanez, ha afirmado este martes que su grupo estudiará la convocatoria de una comisión de investigación sobre el 'caso mascarillas' y se personará en la causa judicial si las explicaciones del Gobierno no les convencen a raíz de la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción.

En rueda de prensa ha detallado que este miércoles, en comisión parlamentaria, van a intervenir el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, y el director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, que vienen "a rastras" por más que sus comparecencias hayan sido solicitadas a petición propio y por el Grupo Socialista.

Ha lamentado el "burdo intento" de los socialistas de controlar el relato de los hechos y ha avanzado que el objetivo es que también comparezcan en la Cámara el consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez --en ese momento al frente de Sanidad de forma interina-- y el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, que por aquel entonces dirigía el SCS.

Ha apuntado que este caso de presunta estafa es una "tragedia" para la comunidad autónoma y entiende que "el teatrillo" de "entregar una cabeza de turco" con la posible dimisión de Conrado Domínguez "no parece convencer a nadie".

Díaz-Estébanez no ha ocultado que "todos los dedos apuntan" a Domínguez y a la directora de Servicios Económicos, Ana María Pérez, que dimitió 20 días después de que comenzara la investigación, pero ha incidido en el papel jugado por Pérez y Olivera y en el del propio presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que tiene su "responsabilidad" como presidente del comité de emergencias sanitarias.

"El presidente es responsable de todo lo que ocurre, tiene que asumir la responsabilidad de los errores y no lo ha hecho, y practica como siempre la táctica del avestruz", ha indicado.

El diputado ha relatado que el Gobierno pagó cuatro millones de euros a una empresa --RR7 United-- sin experiencia en gestión sanitaria y sin solvencia técnica ni económica a cambio de unas mascarillas que no se llegaron a recibir. "Se aprovecharon del peor momento de una tragedia para ganar dinero", ha comentado.

Así se ha preguntado si Domínguez era el que "hacía y deshacía" las contrataciones en el comité sanitario y el resto "no se enteraba de nada" y ha remarcado si Alberto Pazos, que estuvo al frente del SCS, dimitió por este caso.

Ha planteado "quien contactó con la empresa y a través de qué medio" y "por qué" no se denunció la estafa y se intentaron renegociar las condiciones del contrato

Según el relato de la Fiscalía, ha señalado Díaz-Estébanez, la contratación "no se hizo de manera correcta" --también lo pone de relieve la Audiencia de Cuentas-- y de hecho se investigan los presuntos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, estafa agravada y blanqueo de capitales.

FALTA DE CONTROL EN EL CONTRATO

Ha advertido de que "no solo ha habido falta de control y seguimiento ni del precio de mercado sino que alguien hizo un grosero desprecio de las normas, consistió, auspició y ocultó la información, los pagos y la no devolución del dinero durante dos años".

En esa línea ha apuntado que el fiscal Anticorrupción describe el contrato como actuación "temeraria y negligente" basada en una "desleal gestión", un "proceder grosero" y "trato de favor".

Díaz-Estébanez ha señalado que su grupo tiene "paciencia y responsabilidad" pero "no es una patente de corso" ante "unos aprovechados" que hicieron negocio "con el dolor de la gente".

Ha dicho también que ha habido una "tardanza injustificable" para actuar en este caso por parte del Gobierno porque pasan seis meses sin recibir las mascarillas hasta que realiza el primer requerimiento y cuando llegan, en marzo de 2021 --el contrato se firma en mayo de 2020-- lo hacen "falsificadas, en menor cantidad y procedentes de Etiopía".

Ha apuntado, igualmente, que se cargamento que es destruido por la Agencia de Aduanas costó 2,6 millones dado que algo más de 1,3 millones acabaron en manos de intermediarios de ahí que haya indicado que si el cargamento no se hubiera neutralizado el material se habría distribuido entre los sanitarios y "nadie se hubiese enterado".