La CE abre un procedimiento de infracción contra España por la construcción de un hotel en Fuerteventura

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea (CE) ha abierto un procedimiento de infracción formal contra España por la construcción de un complejo turístico en un espacio protegido por la Red Natura 2000 en el norte de la isla de Fuerteventura, en concreto, en el municipio de La Oliva, en la costa de Majanicho.

Asimismo, señalan que en la zona donde se ha construido el complejo turístico se incluye un tramo de costa virgen. Así, el procedimiento abierto por la CE podría llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y "exponer a las arcas nacionales a una multa millonaria", según informó SEO/BirdLife en un comunicado.

Estos hechos, añade, "pone en evidencia" que el resort, con 323 villas y una superficie edificada de unos 500.000 m2 (unos 90 campos de fútbol, aproximadamente), se construyó "sin haber emitido la obligatoria declaración de impacto ambiental y desoyendo a la propia justicia española".

La zona donde se encuentra el hotel de lujo, prosiguen, está considerado como un espacio identificado por SEO/BirdLife como Área Importante para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBA, por sus siglas en inglés) y declarado como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) por el Gobierno canario, por lo que se incluye en la Red Natura 2000, la red integrada de espacios naturales protegidos de la Unión Europea.

Así, la CE abre ahora el proceso de infracción al considerar que el hotel "se construyó sin que se determinara la necesidad de realizar una evaluación de impacto ambiental (EIA), tal como exige la Directiva de Impacto Ambiental, y sin que se haya realizado dicha evaluación, tal como exige la Directiva Hábitat en este tipo de casos".

Además, coincide con el criterio del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que en 2006 reconocía en una sentencia un "cúmulo de irregularidades" en el procedimiento de autorización del proyecto, lo que conllevó a declarar nulo el plan parcial. De todos modos, en este caso el fallo "no tuvo efectos sobre el proyecto urbanístico que en la actualidad es explotado por el grupo inmobiliario y turístico francés Pierre & Vacances Center Parcs".

Sin embargo, la apertura del proceso permite que la Comisión solicite al Gobierno de España que presente sus observaciones y alegaciones en el plazo máximo de dos meses, de tal forma que la CE tanto si considera que la respuesta "es insuficiente como si esta no se recibe", podría emitir un dictamen motivado, segundo paso del procedimiento en el que expondría las razones por las que considera que España habría incumplido el derecho de la UE.

En este sentido, sería a partir de este momento cuando el Gobierno central tendría otros dos meses para ajustarse a dicho dictamen, pudiendo llevar la CE, en el "peor de los casos", a España ante el TJUE, lo que conllevaría que España se enfrentara "no solo a la obligación de hacer cumplir la legislación europea --que implicaría la demolición de la infraestructura--, sino también a una posible sanción económica que puede ser millonaria si se llegase a una segunda sentencia por incumplimiento".

Por todo ello, SEO/BirdLife se suma a otros colectivos, como Agonane-Ecologistas en Acción, para pedir que se cumpla la legislación europea, que se depuren responsabilidades y que se tomen las decisiones "oportunas que permitan poner freno a este caso de incumplimiento" de la normativa nacional y comunitaria.

Al respecto, el delegado de SEO/BirdLife en Canarias, Yarci Acosta, indicaba que en este caso "es, sin duda, un peligroso exponente de los riesgos a los que se enfrenta el patrimonio natural de las islas Canarias, que no solo es rico sino también frágil", lamentando que haya tenido que pasar "más de diez años" y se haya tenido que llegar a Bruselas porque "en el camino se ha desoído a la ciudadanía y a la justicia española".

De todas formas, consideró que aún se está "a tiempo de asegurar el cumplimiento de la legislación que protege el capital natural" de España y "que también reconoce la Constitución en su artículo 45: el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado".

Por último, matizan que la zona afectada por la construcción del complejo turístico de lujo posee una "importancia ecológica y paisajística" por la que ha sido designada como ZEPA, Hábitat de Interés Comunitario, Área prioritaria de reproducción, de alimentación, de dispersión y de concentración de las especies de la avifauna amenazada canaria y, consecuentemente, parte de Natura 2000, la red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad.