Clavijo espera que el Gobierno contacte con Canarias para que dé cumplimiento a la medida cautelar del TS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, está a la espera de que desde el Gobierno central se contacte con él o la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, para que se dé cumplimiento a la medida cautelar del Tribunal Supremo (TS) que obliga al Estado a hacerse cargo de 1.000 menores inmigrantes no acompañados solicitantes de asilo en diez días.

Clavijo ha admitido, en declaraciones a los periodistas antes de participar en una celebración de KPMG, que esta medida tendrá una repercusión económica para Canarias porque la comunidad pasa de tener que sufragar esos costes. De todos modos, matizó que "en estos 10 días el Estado tendrá que ponerse en contacto con la comunidad autónoma", que aseguró colaborará "como siempre" porque hay que proteger al menor, "será caso a caso".

Si bien, Clavijo puntualizó que "no" le han llamado aún, al menos lo desconocía hasta el momento, pero espera que a lo largo de este jueves se produzcan contactos porque "lo razonable" es que la Administración del Estado contacte con la consejería o con él mismo para empezar a trabajar y que "esa distribución se pueda hacer protegiendo al menor que ya de por sí ha visto sus derechos vulnerados durante más de un año".

En cuanto a dónde se le dará asilo a estos 1.000 menores, el presidente canario puntualizó que será "donde el Estado tenga las plazas".

Por otra parte, indicó que la medida cautelar del TS trata un asunto que "no tiene que ver con la distribución", sino que determina que "todos los menores que son susceptibles de asilo o protección internacional y lo soliciten tienen derecho y es el Estado quien tiene que prestarlo", de ahí que entiende que el Supremo le está diciendo al Gobierno de España lo que desde el Ejecutivo canario se lleva indicando "un año y pico" y es que "todos" los menores no acompañados que proceden "de Mali, que son en torno a unos 1.400", actualmente, "no" eran competencia de la comunidad autónoma, sino del Estado.

"Creo que en un auto o en la aceptación de esa medida cautelar que desde Canarias pusimos, el Supremo ha sido contundente diciéndole al Estado que ha hecho la dejación de funciones, que es su responsabilidad y le da 10 días obviamente para que esos menores pasen al sistema nacional de refugiados políticos o de todos aquellos que están perseguidos por su condición, porque vienen de conflictos bélicos o por su condición sexual o religiosa", apostilló.

Así aclaró que estos 1.000 menores no formarán parte del Real Decreto para modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, ya que "no se distribuyen, son competencias del Estado", que "tendrá que asumirlo" y que estos son menores inmigrantes no acompañados, los solicitantes de asilo, que "durante mucho tiempo" han visto "vulnerados su derecho de estar en un sistema internacional de acogida" por parte del Estado.