Defensor del Pueblo pide "soluciones consensuadas" para que CCAA colaboren en la acogida de menores llegados a Canarias

Constata una "buena actitud" de las CCAA para adaptar los colegios a olas de calor pero avisa: "Es insuficiente"

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha destacado que en 2023 el aumento de las llegadas de menores migrantes "ha supuesto un reto para el Sistema de Protección de Menores canario, llegando a rozar a finales del año pasado la cifra de 5.000 menores no acompañados", por lo que ha apostado por "buscar soluciones consensuadas para que las comunidades autónomas colaboren en la acogida de estos menores".

"Son necesarias infraestructuras adecuadas y personal especializado para la identificación, acogida e integración de estos menores. Y se precisa revisar el protocolo en caso de minoría de edad dudosa", ha reclamado este miércoles Gabilondo en su comparecencia ante el Pleno del Senado para presentar los informes anuales de la institución correspondientes a los años 2022 y 2023.

Por otro lado, el Defensor ha constatado una "buena actitud" por parte de las comunidades autónomas para adaptar los colegios a las temperaturas extremas pero advierte de que, con carácter general, "la planificación de las medidas es insuficiente".

Gabilondo ha recordado que en el año 2023 se iniciaron actuaciones de oficio sobre la adaptación de los centros escolares a las temperaturas extremas, destacando que los informes recibidos reflejan administraciones "con protocolos muy elaborados, por ejemplo Andalucía, y otras con escasas previsiones o pendientes de aprobar.

También en el ámbito escolar, ha alertado de que en los últimos dos años se han producido algunos casos graves de violencia en los colegios, incluidas agresiones sexuales de menores de catorce años, y ha aplaudido que las actuaciones iniciadas han permitido constatar que todas las comunidades autónomas tienen protocolos de actuación al respecto.

La institución ha seguido observando "algunas dificultades" para prestar atención sanitaria a los alumnos con enfermedades crónicas, fundamentalmente los insulino-dependientes, que por su edad no tienen autonomía para realizar controles de glucosa y administrarse la insulina. "La razón es claramente estructural, la falta de personal sanitario en los centros educativos. Insistimos en que es necesaria una mayor colaboración al respecto entre la administración educativa y la sanitaria", ha reclamado.

En cuanto al atasco en las homologaciones de títulos universitarios, Gabilondo, que considera este asunto "de especial relevancia", ha señalado que durante los primeros meses de 2023 se reforzó el equipo responsable de estos procedimientos con 64 nuevos trabajadores. "No obstante, al finalizar las contrataciones continuaban pendientes 74.868 expedientes. La cifra aumenta, pues cada mes se presentan numerosas solicitudes", ha lamentado.

Para el Defensor, que recibió en 2023 en torno a un millar de quejas sobre este asunto, estos retrasos "tienen una enorme incidencia en los proyectos vitales de aquellas personas que quieren aportar su talento y su formación adquirida en otros lugares a España". "Son vidas enteras de personas en espera, que han hecho sus estudios y están años entre nosotros sin poder siquiera ejercer su profesión", ha criticado.

FENÓMENOS MIGRATORIOS

En su intervención, Gabilondo también se ha referido a los fenómenos migratorios en España. Así, ha asegurado que mantiene el seguimiento de la recomendación al Ministerio de Asuntos Exteriores para que "se refuercen los medios materiales y humanos de los consulados en Marruecos, a fin de garantizar que las personas con necesidades de protección internacional puedan tramitar sus visados, sin tener que arriesgar sus vidas ni utilizar vías irregulares de entrada".

En estos dos últimos años ha prestado "particular atención" a la situación provocada en Canarias por el aumento de llegadas irregulares, casi 40.000 personas en 2023, año en el que los traslados a la Península "se intensificario, por lo que las quejas se refirieron a los recursos de acogida y a la existencia de posibles menores que no habían sido correctamente identificados", unos retos que, según ha avisado Gabilondo, "se han hecho más urgentes en este primer semestre del año, ya que se han incrementado las llegadas, a la par que se han agudizado los conflictos en países como Mali o Senegal".

El Defensor ha puntualizado que los derechos humanos exigen activar los recursos necesarios a nivel estatal y en cada una de las comunidades autónomas y ha incidido en que la gestión de la acogida de aquellas personas que por diversos motivos no pueden ser expulsadas o devueltas "sigue siendo un reto".

En lo relativo a las salas de rechazos y solicitantes de protección internacional del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, objeto de numerosas actuaciones, visitas y resoluciones en estos dos últimos años, ha indicado que, a pesar de las mejores registradas, "persisten los problemas de acondicionamiento, gestión y, lo que es más grave, del cumplimiento de los plazos de formalización de las solicitudes de protección internacional".