El Gobierno de Canarias envía al Consultivo el anteproyecto de Ley de Ordenación de Uso Turístico de Viviendas

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Turismo del Ejecutivo canario, Jéssica de León, ha informado este lunes, en Consejo de Gobierno, que se ha acordado la remisión con carácter de urgencia al Consejo Consultivo de Canarias del anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas para que emita el correspondiente informe, como paso siguiente en su tramitación.

De Léon explicó, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que una vez que este órgano emita el preceptivo dictamen, que "no es vinculante", el Ejecutivo canario recogerá las correspondientes observaciones para posteriormente aprobar el anteproyecto de ley en una nueva sesión, antes de su remisión al Parlamento como proyecto de Ley.

La Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, indicó, aportará un marco normativo para regular el alquiler vacacional en Canarias. En este sentido, expuso que frente a la situación actual, cuando la norma entre en vigor "no podrá implantarse ninguna vivienda vacacional más si el planeamiento urbanístico no habilita expresamente ese uso, al menos durante los próximos cinco años".

Por ello, apuntó que se trata de una decisión que deberá decidirse por cada uno de los plenos municipales de los 88 ayuntamientos de Canarias, "previa información pública, de manera motivada y acorde a criterios de sostenibilidad".

La futura Ley contempla una reserva adecuada para el uso residencial propio de las viviendas para "hacer efectivo el derecho de toda" la ciudadanía canaria a una vivienda "digna y a precios asequibles". Asimismo dijo que "se garantiza la apropiada integración" de las viviendas vacacionales en los entornos residenciales, "priorizando la calidad de vida de los residentes por encima de todo".

Por otro lado, expuso que para iniciar la actividad se mantiene la declaración responsable pero "acompañada de documentación técnica y complementaria que garantice las condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad, técnicas, de actividades clasificadas, sectoriales y turísticas". Agregó que el texto "no innova en materia de actividad clasificada, el propio decreto 113/2015 así lo recuerda".

El anteproyecto autonómico incorpora también la posibilidad de que los pequeños propietarios que actualmente explotan su vivienda de manera legal, cumpliendo el decreto vigente, "puedan seguir ejerciendo su actividad de manera indefinida cuando entre en vigor la nueva norma, aunque no será transmisible".

En el supuesto de los explotadores no propietarios, se establece la posibilidad de continuar por un periodo inicial de cinco años, prorrogable hasta otros cinco o bien, veinte años.

IMPIDE EDIFICIOS COMPLETOS PARA ALQUILER VACACIONAL

Por otra parte, el nuevo marco legislativo impedirá la implantación de edificios completos dedicados al alquiler vacacional en parcelas de uso residencial. Asimismo el texto excluye la posibilidad de que las nuevas viviendas que se incorporen al mercado puedan destinarse al uso turístico en los próximos diez años desde su terminación, garantizando de esta manera su destino residencial.

De León aseguró que la norma persigue, ante todo, "mejorar" la calidad de vida de los residentes y que la implantación de las viviendas vacacionales "no afecte ni perjudique" a la ciudadanía. También anunció que a partir de este martes se habilitará una página web con información completa sobre los principales aspectos de la nueva regulación (leycanariadeviviendavacacional.com).

ACREDITACIÓN DE LOS MUNICIPIOS

En cuanto a qué es lo que tienen que acreditar los municipios, De León explicó que deben detallar en un estudio la capacidad de carga de los servicios que está prestándose a la población, que los mismos "no están colapsados y que, por tanto, tienen capacidad para soportar a una población flotante que recae en las viviendas vacacionales en forma de turistas y visitantes".

Añadió que debe ser un estudio de capacidad de carga donde se evalúen desde la vivienda, el agua, la afección al urbanismo, el medio ambiente, en definitiva. En definitiva, "evaluar y justificar" que la población residente tiene "calidad de vida en los municipios donde se pretende desarrollar esa actividad".

De León, por último, indicó que cuando llegaron al Gobierno canario, hace más de un año, había unas 54.000 licencias de vivienda vacacional y en estos momentos hay unas 64.000 declaraciones responsables pero en comercialización "sólo hay 48.000, es decir, hay un gap entre los propietarios que solicitan la declaración responsable y luego no" ejercen la actividad.

Finalmente, la consejera regional de Turismo quiso agradecer el "esfuerzo", tanto de la FECAI como de la FECAM para "conseguir el mejor texto posible".