El Gobierno canario opta por no prorrogar a Securitas y Prosegur en el servicio de vigilancia y seguridad

(Esta noticia sustituye a la anterior sobre el mismo tema por un error en el titular y primer párrafo. Disculpen las molestias)

El Gobierno canario opta por contratar a Securitas y Prosegur para el servicio de vigilancia y seguridad

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 22 (EUROPA PRESS)

El director general de Relaciones con la Administración de la Justicia del Gobierno de Canarias, Cesáreo Rodríguez, ha informado de la decisión de no prorrogar a la actual empresa que realiza el servicio de vigilancia y seguridad, para contratar a Securitas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y a Prosegur en la de Las Palmas para los órganos y sedes judiciales de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Así, han optado por contratar otras empresas a partir del 1 de enero de 2018 que, señalan, "garantizan el sueldo de los trabajadores que realizan esas funciones" hasta que se complete el proceso de adjudicación definitivo previsto para el primer trimestre del próximo año.

Al respecto, recuerdan que el Gobierno canario abrió un proceso de diálogo con la empresa actual ante las quejas recibidas en cuanto a los retrasos que el personal venía sufriendo por el cobro de sus sueldos, según informó el Gobierno canario en nota de prensa.

En este sentido, el Ejecutivo de Canarias dejó claro desde el inicio de esta situación la Administración "siempre ha cumplido sus obligaciones con la empresa y se mostró solidaria" con las trabajadores afectados.

En cuanto a la contratación que ahora se celebra de forma provisional, hasta que se produzca la adjudicación definitiva del servicio, explican que forma parte de las actuaciones puesta en marcha por la Dirección General de Relaciones con la Justicia a favor de las personas afectadas. De ahí que el acuerdo con la empresa incluye la posibilidad de solicitar un adelanto del sueldo correspondiente a enero.

Así, el 21 de noviembre Rodríguez anunció la publicación en el perfil del contratante del pliego de cláusulas administrativas particulares para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad de los órganos y sedes judiciales de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria y anticipada, con un presupuesto de 9.063.880,24 euros (sin incluir el Impuesto General Indirecto Canario -IGIC-).

En este pliego se expone un plazo de dos años que podrá ser prorrogado por otros dos años y se prohíbe la subcontratación parcial. Al respecto, Rodríguez explicó que ese pliego "garantiza la igualdad de condiciones al competir por la contratación" aunque matizó que busca "dificultar la eventual adjudicación a empresas que, pudiendo cumplir los requisitos técnicos, incumplan las obligaciones que tienen frente" a sus trabajadores.

En concreto se refirió a la imposición de carácter esencial de aplicar a la totalidad de la plantilla que ejecutará el servicio las condiciones de trabajo establecidas por el último convenio colectivo sectorial y territorial en vigor (Convenio estatal para las empresas de seguridad, BOE núm. 224, de 18 de septiembre de 2015) o, en su caso, el convenio de empresa vigente que mejore lo dispuesto en el citado convenio colectivo.

Finalmente, puntualizó que el pliego establece la obligación de respetar el abono del salario mensual a los trabajadores en el período correspondiente y dedica "especial atención" a la aplicación de las tablas salariales y a la fecha de pago de las nóminas, por lo que se prevén una serie de penalidades en caso de incumplimiento, pudiendo llegar a la resolución del contrato.