La Guardia Civil destapa una red de tráfico de sedantes en Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Santa Cruz Tenerife ha desarticulado una red de tráfico de medicamentos, cuyo principio activo es el Zolpidem, compuesta por dos médidos y una empleada de farmacia que llegaron a expedir más de mil recetas durante los dos últimos años de forma irregular.

El principio activo Zolpidem es un medicamento sedante/hipnótico indicado en el tratamiento a corto plazo del insomnio en adultos, en situaciones en las que el insomnio está debilitando o causando ansiedad grave en el paciente, según ha informado la Benemérita en una nota de prensa.

Los implicados han sido detenidos o investigados a lo largo de los últimos meses como partícipes de un delito contra la salud pública. Además, el uso de las recetas públicas implicaba un fraude a la Seguridad Social en razón a la subvención que conlleva cada receta.

Los hechos se iniciaron en julio de 2016, cuando la Inspección de Farmacia perteneciente al Servicio de Uso Racional del Medicamento y Control de la Prestación de la Dirección General de Programas Asistenciales del Servicio Canario de Salud (SCS) emitió un informe-denuncia relacionado con las excesivas prescripciones de los medicamentos que contenían el citado principio activo a una única paciente en la isla de Tenerife, susceptible muy probablemente de desviación a fines no terapéuticos.

La investigación determinó que casi todas las recetas públicas (más de 700) eran expedidas por un psiquiatra de la isla de Tenerife, que además dispone de consulta privada en la capital, y la inmensa mayoría de las recetas lo eran a favor de una misma paciente.

Posteriormente se llevó a cabo un análisis de las ventas de ese medicamento y así se detectó la emisión de más de mil recetas públicas y varios cientos de recetas privadas, además de un paquete de recetas falsificadas, todas ellas conteniendo en su prescripción el mismo principio activo, Zolpidem.

La Guardia Civil tuvo que realizar toda una serie de inspecciones en varias farmacias del área metropolitana, al objeto de localizar los cientos de recetas privadas que están fuera del control de la Inspección de Farmacia, al objeto de cuantificar con exactitud el alcance de la actividad ilícita.

En la emisión de las recetas participaba una red de profesionales en el ámbito sanitario encabezada por el médico psiquiatra antes mencionado, que por su titulación tenía acceso a talonarios completos de recetas públicas (además de las que redactaba en su consulta privada) que emitía de forma irregular tanto a favor de la citada paciente como a nombre de otros pacientes ingresados en el hospital psiquiátrico que, por su condición de internos, no podían adquirir los medicamentos, por lo que esas recetas eran desviadas hacia otros enfermos.

La Benemérita destaca la actitud dolosa del médico psiquiatra que, tras haber detectado que estaba siendo investigado en fase inicial, optó por dejar de emitir recetas públicas que contenían el citado principio activo para continuar haciéndolo con las privadas, consciente de su nulo control.

También se demostró la participación de una doctora de medicina general, ya retirada del ejercicio de la medicina, y una empleada de farmacia. Mientras la doctora firmaba recetas en blanco a petición de la empleada, ésta las fotocopiaba antes de rellenarlas para así multiplicarlas y luego retiraba el medicamento de varias farmacias del área metropolitana. Era la empleada de farmacia la encargada de vender posteriormente las recetas o el medicamento, obteniendo así un beneficio económico aún no determinado.

La investigación ha destapado también la permisividad de una farmacia en concreto que, conscientes del altísimo número de recetas del mismo medicamento que eran presentadas para su despacho, no emitieron alerta alguna sobre el asunto.

ÁNIMO DE LUCRO.

La emisión masiva de esas recetas esconde un evidente ánimo de lucro, donde salían beneficiados tanto los doctores que expedían las recetas, como la empleada de farmacia que vendía las mismas, previamente cumplimentadas por la médico ya retirada, lucro que ha llegado a alcanzar hasta los 100 euros por receta.

Según la Guardia Civil, la investigación no hubiese podido realizarse con eficacia sin la colaboración de la Inspección de Farmacia del Servicio Canario de Salud de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que utilizando los medios informáticos de los que dispone, realizó una importante labor de recopilación de las recetas irregulares.

El Juzgado de Instrucción nº 1 de Santa Cruz de Tenerife ha instruido la presente causa, que hasta hace escasos días ha permanecido secreta.