LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -
El presidente de ANPE Canarias, Pedro Crespo, ha señalado que los incidentes comunicados por el personal docente a El Defensor del Profesor han aumentado casi un 4 por ciento en el archipiélago durante el curso 2023/24, hasta alcanzar los 163.
Con este incremento, acumulan ya cuatro años consecutivos de ascenso, subrayando también el Defensor del Profesor los "perjuicios que suponen para el ejercicio" de la docencia los casos de conflictividad en los centros de las islas, según ha informado ANPE en nota de prensa.
Los 163 incidentes comunicados durante el anterior curso escolar en Canarias son la "segunda mayor cifra" de los atendidos en los 16 años que lleva funcionando en Canarias el servicio, superando el curso 2022/2023, que era hasta ahora el segundo curso más conflictivo en este sentido. Además advirtió de que el número se acerca "mucho al pico" de los 168 casos registrado el año previo a la pandemia de COVID-19 (2018-2019).
Crespo apuntó que entre los factores que contribuyen a estos datos se encuentra el "excesivo" número de alumnos por aula, la "falta de más" especialistas de orientación educativa y de auxiliares educativos, así como el aumento de carga de tareas burocráticas que "soporta el profesorado y que le dificulta" centrarse más en la atención directa al alumnado.
Por su parte, el coordinador de El Defensor del Profesor en la provincia de Las Palmas, Bernardo Huerga, indicó que el número más alto de incidentes y la mayor subida se acumulan en la enseñanza secundaria, con un total de 91 casos en toda Canarias, un 5,8 por ciento más que el curso anterior. Además suponen ya el 56 por ciento de las situaciones atendidas.
Al respecto, Huerga se refirió a las consecuencias que este tipo de conflictos tiene para la salud del profesorado. Añadió que el curso pasado se incrementaron entre los problemas de ansiedad, los casos de depresión y las bajas del profesorado asociados a incidentes con el alumnado y sus familias.
Dijo que la memoria recoge que un 49 por ciento de los docentes que denunciaron situaciones de conflictividad padeció ansiedad, mientras que alrededor de un 8,6 por ciento sufrió depresión y cerca del 20 por ciento se vio obligado a coger la baja por otras causas vinculadas a los casos denunciados.
PROBLEMAS
En cuanto a los problemas más frecuentes reportados por el profesorado estuvieron relacionados con el alumnado, siendo el principal las dificultades para dar clase, que se produjo en el 53 por ciento de los casos comunicados.
Tras estos se sitúan las amenazas y las faltas de respeto a docentes, que aparecen en un 44 y un 34 por ciento de los casos, respectivamente, seguido de un problema protagonizado por padres y otros familiares del alumnado, las denuncias a docentes (17%).
Respecto a las agresiones físicas al profesorado se mantuvieron en cifras similares a las del año anterior: 16 cometidas por alumnos y tres por familiares, frente a las 17 y cuatro, respectivamente, del curso 2022-2023. En el caso de las agresiones entre el propio alumnado subieron de 19 a 21.
Por otra parte, el Defensor del Profesor prestó asesoramiento general en 92 casos, asistencia jurídica en 64, información sobre la legislación en 37 y apoyo psicológico en 31. Resaltan las cinco ocasiones en que ANPE se personó en juicio: dos acabaron en sentencias condenatorias, de las que una fue por un delito de lesiones de un alumno mayor de edad a su tutora y otra por un delito de amenazas del padre de una alumna a su tutora, entre otras cuestiones.
Finalmente la presidenta de ANPE Las Palmas, María Perera, indicó que las causas de estos casos de conflictividad "son múltiples", refiriéndose al peso de los condicionantes sociales, pero también la forma en que estos se afrontan desde el sistema educativo.
"Hacen falta más medios para responder de manera adecuada a la creciente complejidad y diversidad en las aulas", apostilló para agregar que "no es posible atender de forma más individualizada" al alumnado, como establece la normativa educativa, ante el "excesivo" número de alumnos por docente que hay en estos momentos.
Así urgió a la administración educativa a poner en marcha un plan plurianual de reducción de ratios en todas las etapas que establezca mayores descensos en función del número de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo que haya en cada aula.
También criticó la saturación de tareas que sufren los especialistas de orientación educativa y abogó por incrementar el número de estos profesionales, así como el de auxiliares educativos, dos colectivos que considera claves para gestionar la convivencia en los centros.
Sobre el aumento de los problemas relacionados con la salud mental entre el profesorado, se refirió al factor adicional de estrés que supone el "alto número de tareas burocráticas "que debe realizar, que se suma al "cada vez menor" reconocimiento institucional y social a su labor, a la pérdida de autoridad y a la reducción de poder adquisitivo desde los recortes de 2010.
La presidenta de ANPE Las Palmas instó también a la Consejería de Educación a simplificar el acceso de los docentes que lo necesiten a ayuda psicológica y jurídica, además de evitar que un docente agredido o acosado tenga que continuar dando clase a su agresor como, afirman, "sucede en muchas ocasiones".