Inspección de Trabajo refuerza con Canarias la vigilancia en empresas al detectar anualmente 5.000 empleos sumergidos

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, en coordinación con la Inspección de Trabajo, refuerza desde este lunes, 4 de noviembre, las actuaciones previstas para seguir luchando contra la economía irregular y el fraude en la contratación, ya que anualmente detectan 5.000 empleos sumergidos.

De este modo, hasta el próximo 24 de noviembre se prevén 960 órdenes de servicio para vigilar el cumplimiento de las empresas en este ámbito. Para ello, 24 funcionarios, entre inspectores de Trabajo y Seguridad Social, así como subinspectores laborales de Empleo y Seguridad Social, procedentes de otras comunidades autónomas, se han desplazado a las islas de "manera específica" para este plan de refuerzo, siendo los encargado de realizar los controles, según ha informado la Consejería regional de Empleo en nota de prensa.

En un encuentro de coordinación mantenido esta lunes en Las Palmas de Gran Canaria, tanto el director general de Trabajo del Gobierno de Canarias, José Ramón Rodríguez, como el director territorial de la Inspección de Trabajo, Francisco Guindín, han mostrado su apoyo y solidaridad con la Comunidad Valenciana, especialmente a todos los que trabajan en la Inspección de Trabajo, desplazándose algunos de ellos a Canarias para esta acción de refuerzo, uno desde Valencia y dos desde Castellón.

El director general de Trabajo, José Ramón Rodríguez, ha explicado que las visitas están encaminadas a "detectar faltas de alta en la Seguridad Social, el cobro de prestaciones incompatibles o el empleo irregular de personas extranjeras", entre otras cuestiones.

Añadió que el pasado año los resultados fueron" muy buenos porque afloró un 10 por ciento de la economía sumergida". Asimismo apuntó que también se persiguen los impagos de salarios y se vela por el cumplimiento de las condiciones de trabajo.

El director general de Trabajo indicó que entre enero y octubre de este año "han aflorado 4.584 empleos irregulares en las islas", apuntando que el cuerpo inspector que trabajará en esta campaña se concentrará en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, "aunque sin perjuicio de que puedan trasladarse a otras islas para visitar los centros de trabajo y velar por el cumplimiento de la ley en las empresas".

Por otro lado, el Instituto Canario de Seguridad Laboral del Gobierno de Canarias (Icasel) colabora en materia de prevención de daños laborales. Estas acciones se enmarcan en el convenio de colaboración entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la comunidad autónoma, dotado con 160.000 euros.

Por su parte, el director territorial de la Inspección de Trabajo, Francisco Guindín, se refirió a "los problemas de empleo sumergido" y agradeció el compromiso de la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias "siendo la única comunidad autónoma que utiliza esta herramienta de refuerzo".

Al respecto, Guindín explicó que "se trata del sexto plan de refuerzo en las islas y el objetivo es ir a los centros de trabajo previamente seleccionados por los jefes de Inspección donde existan indicios de economía sumergida y tenga que aflorar el empleo sumergido".

500 TRABAJADORES SIN ALTA EN LA SS.SS

En el plan de refuerzo de 2023 se detectaron 500 trabajadores en Canarias que estaban desempeñando su labor sin estar dados de alta en la Seguridad Social, o dados de alta menos horas de las que trabajan, lo que se denomina infracotización, o trabajadores que están cobrando prestaciones por desempleo que son incompatibles con el trabajo.

En este marco, el director territorial de la Inspección de Trabajo abogó por un registro de jornada que "no sea manipulable", señalando que el Ministerio de Trabajo y Economía Social "está trabajando en una mejor regulación" aunque matizó que en Canarias "las empresas, en general, cumplen".

Finalmente Inspección de Trabajo apuntó que anualmente en Canarias se realizan 60.000 actuaciones por parte de los 122 inspectores que trabajan en las islas, de las que afloran unos 5.000 empleos sumergidos. Guindín señaló que entre las denuncias, el buzón del fraude y la herramienta de la lucha contra el fraude, la Inspección de Trabajo "tiene cada vez más recursos para seleccionar las empresas donde hay indicios de estas prácticas".

En cuanto a las sanciones, indicó que ascienden a 3.750 euros por una falta de alta en la Seguridad Social, que puede incrementarse un 50 por ciento en función del número de trabajadores de la misma empresa que se detecten, y 12.000 euros si es un trabajador que está cobrando la prestación por desempleo o un extranjero sin permiso de trabajo.

Sin embargo, Guindín matizó que el objetivo "no es sancionar, sino regularizar al trabajador y estar pendientes de que al día siguiente no le den de baja otra vez". Finalmente indicó que en todos los sectores productivos existe la economía sumergida "aunque especialmente en la hostelería, la restauración, los servicios y el comercio".