María Lorenzo califica de "esperpento" la última sesión del Consejo Rector de RTVC y pide la intervención del Parlamento

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

María Lorenzo, representante del PSOE en el Consejo Rector de Radiotelevisión Canaria (RTVC), ha denunciado el "esperpento" vivido ayer jueves en la sesión del Consejo y ha solicitado la intervención del Parlamento de Canaria, pues considera que el presidente del ente, Santiago Negrín, "va a certificar la defunción de la Televisión y Radio públicas" y se irá "a negro" el próximo 31 de agosto.

A través de un comunicado, María Lorenzo ha explicado que el máximo responsable de RTVC "ni realizó los trámites pertinentes en su momento para nombrar un sustituto temporal de la Secretaria del Consejo Rector, ni fue capaz de presentar el Reglamento de Organización del Consejo Rector que determinase el mecanismo de sustitución".

Lorenzo ha hecho hincapié en que la constitución del órgano "será imposible, dentro del ordenamiento jurídico, hasta que la secretaria se incorpore de su baja, hecho que no sucederá hasta mediados de septiembre".

La portavoz ha indicado que, por esta razón, todos los asuntos que se llevaban a la sesión convocada del Consejo Rector "han quedado encima de la mesa al no poderse siquiera celebrar la sesión cumpliendo con los mínimos requisitos de la Ley de la Radio Televisión Pública de Canarias, algunos de los cuales son de vital importancia para la continuidad de las propias emisiones de la Televisión Canaria"

Según María Lorenzo, la sesión de ayer "ha superado los peores episodios del esperpento de Valle Inclán cuando el presidente ha decidido de forma unilateral actuar como presidente y secretario de una imposible segunda sesión para poder así designar sustituta temporal de la actual secretaria, y todo ello sin cumplir los requisitos establecidos en la ley y sin el acuerdo previo del Consejo".

En su opinión, "es imposible continuar con el órgano así. El actual presidente ha dado ya suficientes muestras de su incapacidad para gestionar respetando siquiera lo establecido es nuestra norma de constitución". Por todo ello, ruega la intervención del Parlamento.

"El ente público es el responsable no sólo del destino de casi 40 millones de euros de dinero de los contribuyentes, sino también de la prestación de un servicio público esencial para los ciudadanos de Canarias, y esto no se puede seguir haciendo como si fuéramos la secuela de La Escopeta Nacional", concluye.