Las ONG de infancia ponen deberes a Sánchez: desarrollar el permiso parental, juzgados especializados y becas comedor

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las ONG de infancia han pedido al presidente del Gobierno, que ha sido reelegido este jueves para un nuevo mandato, que lleve a cabo las tareas "pendientes" que no pudieron completarse en la pasada legislatura, como desarrollar el permiso parental remunerado de 8 semanas, poner en marcha juzgados especializados en violencia contra los menores, tal y como mandata la Ley orgánica de protección a la infancia (LOPIVI) o asegurar que los niños más vulnerables puedan hacer al menos una comida completa al día, gracias a las becas comedor.

"Pedimos a Pedro Sánchez que tenga muy en cuenta la agenda pendiente en la legislatura que no ha podido concluirse", ha señalado el director de la Plataforma de Infancia, Ricardo Ibarra, en declaraciones a Europa Press, tras la investidura de Sánchez.

Entre otras tareas pendientes, precisa que España tiene que desarrollar el permiso parental remunerado hasta que el hijo cumple 8 años; cumplir con las obligaciones que mandata la LOPIVI, como poner en marcha juzgados especializados y una fiscalía especializada; mejorar el complemento a la infancia del Ingreso Mínimo Vital (IMV) o extender la ayuda a la crianza de 100 euros al mes.

Para Save The Children, "esta nueva legislatura debe ser la que consolide todos los avances y derechos de la infancia y adolescencia iniciados".

"Los próximos cuatro años son decisivos para acabar con la carencia material más extrema, desarrollar el hito legislativo que supuso la LOPIVI en políticas efectivas para prevenir la violencia contra la infancia, garantizar el acceso al menos a una comida completa al día a todos los niños y niñas", ha indicado a Europa Press la directora de Incidencia Social y Política de Save the Children, Catalina Perazzo.

También pide que se priorice extender la nueva ayuda a la crianza hasta los 17 años y que alcance de forma automática y universal a todas las familias, en especial a aquellas de rentas bajas; reconocer como derecho subjetivo el acceso a una plaza educativa asequible y de calidad de 0 a 3 años; aumentar el número de profesionales de salud mental; extender el modelo Barnahus --un modelo donde todos los departamentos que intervienen en un caso de abuso sexual infantil se coordinan y trabajan bajo el mismo techo para atender al menor--, y proporcionar una respuesta a la irregularidad administrativa de los niños migrantes.

PROTEGER A LOS NIÑOS MIGRANTES DE CANARIAS

En esta misma línea, el director ejecutivo de UNICEF España, José María Vera, espera que "esta sea la legislatura que ponga a la infancia en el centro e invierta en políticas públicas para lograr más avances" y reclama que se refuerce el sistema de protección a la infancia, tanto para prevenir y abordar la violencia --entre pares y contra la infancia--, como para mejorar la atención a los niños y niñas más vulnerables, "por ejemplo, la infancia migrante que llega a Canarias, cuyo sistema de protección acoge ya a más de 4.400 menores de edad no acompañados".

Entre otras tareas pendientes para el nuevo Gobierno, UNICEF España también destaca la aprobación de la Ley de Familias, implementando la figura del coordinador de bienestar o impulsando la Garantía Infantil Europea contra la pobreza infantil ya que, según recuerda, "España está a la cola de la Unión Europea (UE) en cifras de pobreza infantil, con el 32,2% de los niños y niñas en riesgo de sufrirla".

Entre otras medidas, las organizaciones de infancia también piden a Sánchez que en los próximos cuatro años se dé voz a los niños, niñas y adolescentes, con más canales de participación infantil, y que garantice que temas como el medio ambiente, la salud o el derecho al juego estén presentes en esta legislatura con medidas concretas.

Igualmente, destacan la importancia de desarrollar todas estas cuestiones en colaboración con las comunidades autónomas ya que gran parte de las competencias en estas materias están transferidas y porque consideran que la coordinación entre los distintos niveles administrativos es clave para garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia.