El Parlamento apoya aplicar el descuento de residente a los hijos de divorciados que viven en la Península

El diputado de Agrupación Herreña Independiente (AHI) Raúl Acosta
El diputado de Agrupación Herreña Independiente (AHI) Raúl Acosta - AHI
Publicado: miércoles, 28 febrero 2024 17:26

   SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El Parlamento de Canarias ha aprobado hoy miércoles, con la abstención del Grupo Socialista, una proposición no de ley de la Agrupación Herreña Independiente (AHI) para solicitar al Gobierno de España la inclusión de los hijos menores de edad de padres divorciados que viven en la Península como beneficiarios del descuento de residencia al transporte regular de viajeros.

   El diputado Raúl Acosta defendió la propuesta en función de los "enormes beneficios sociales" que tendría la medida en contraposición al "limitado impacto económico presupuestario" que implicaría su puesta en marcha. El diputado herreño recordó que, por ejemplo, para esta Semana Santa un billete ida y vuelta Madrid-Tenerife está en los 600 euros, una cantidad que se incrementa en el caso de los menores cuyos progenitores residen en una isla no capitalina, puesto que este trayecto tampoco está contemplado en el descuento.

   "Si el gasto es enormemente impactante para el bolsillo de un ciudadano medio de nuestras Islas, peor es el impacto emocional que tiene en un niño o una niña perder el vínculo con uno de sus progenitores, con sus abuelos o con su propia tierra", señaló el diputado.

   Acosta recordó en su propuesta que ni la ley ni los decretos que regulan la subvención al transporte regular marítimo y aéreo para los residentes han dado respuesta a esta casuística, que afecta a un importante número de menores de edad, añadiendo que el hecho de que estos menores tengan su residencia administrativa en la Península les inhabilita como beneficiarios de la subvención, "lo que dificulta enormemente la relación con su otro progenitor".

   El parlamentario incidió en que una de las labores fundamentales de la Administración pública debe ser la de promover políticas y acciones que favorezcan un desarrollo integral de los menores, tal y como consagra la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

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