El Parlamento, sin apoyo de Cs, convalida el decreto que permite contratar el transporte de la señal de RTVC

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Canarias ha convalidado este miércoles, con la abstención de Ciudadanos, el decreto-ley del Gobierno que amplía las competencias ordinarias del administrador único de RTVC, Francisco Moreno, para, entre otras cosas, poder contratar el servicio de la señal.

El consejero de Administraciones Públicas del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha reconocido que el ente "está en una situación anómala" porque no se ha conformado la Junta de control y por ello, en 2018 se modició la ley para dar potestad al administrador único "mientras no se decida quien manda y como se manda".

Así, ha detallado que la situación se ha prolongado casi dos años "y ha sido insuficiente" porque según el Tribunal de Contratos de la comunidad autónoma "no puede tomar decisiones en la gestión ordinaria".

"Para remediar esta anomalía", ha indicado, el decreto ley amplía las competencias del administrador único pero también las limita en el tiempo pues obliga a convocar un concurso para adjudicar el servicio de transporte de la señal de televisión en un plazo de cuatro meses y que se puedan usar activos durante un año meses como máximo.

Además, los grupos han apoyado que el decreto ley se tramite ahora como proyecto de ley por vía de urgencia.

La portavoz del Grupo Mixto, Vidina Espino (Cs), ha comentado que el nombramiento del administrador único no debía ser "el modo habitual" de gestión de RTVC, y no por la figura de Francisco Moreno, sino porque "una sola persona" no puede gestionar un presupuesto de casi 50 millones.

Ha dicho que hacen falta "mecanismos de control" y cumplir la ley de RTVC, nombrando a los miembros de la Junta de Control, y lamentado que la televisión pública de todos "sea una utopía" y siga en manos del Gobierno, tesis que apoya en el informe del Consejo Consultivo que exige el nombramiento de la Junta y no ve necesario realizar un decreto-ley, que además genera "inseguridad jurídica".

Jesús Ramos, de ASG, ha comentado que este decreto da solución al transporte de la señal de RTVC para garantizar la emisión de los servicios informativos y también ve "urgente" que se permita al administrador único la contratación de servicios.

En su opinión, seis años después de la ley de RTVC, se vuelve a producir "un colapso" en el ente, por lo que urge a nombrar los miembros de la Junta de Control, aprobar el mandato marco, el reglamento y la puesta en marcha del consejo de informativos, entre otras medidas.

Francisco Déniz, de Sí Podemos, ha indicado que el decreto "viene a paliar la situación de bloqueo" del ente, por lo que ha ejercicido la "autocrítica" de la Cámara al no nombrar a los miembros de la Junta de Control ni aprobar el mandato marco.

Ha señalado que Moreno ha estado "inhabilitado" para acometer determinados contratos en la gestión ordinaria y con el decreto "se da poder" sin cuestionar ni la Junta de Control ni el mandato marco.

Asimismo, ha pedido un estudio de viabilidad económica sobre el servicio de medios públicos y la creación del consejo de informativos.

Luis Campos, portavoz de NC, ha comentado que "el responsable" de la situación actual es el propio Parlamento por lo que ha avanzado que a partir de septiembre se empezará a trabajar en "colocar las piezas" para garantizar el buen funcionamiento del ente.

EL ENTE SUFRE UN "BLOQUEO", SEGÚN NC

En esa línea, se ha mostrado a favor de servicios públicos de calidad y lamentado "el bloqueo" actual que afecta a contratos tan importantes como la señal de transporte la televisión.

Luz Reverón, del Grupo Popular, ha comentado que "no es complicado" nombrar a los miembros de la Junta de Control y entiende que la televisión "no se va a ir a negro", como reconoce el propio Consejo Consultivo, que en todo caso sí ve conveniente reforzar sus competencias.

José ALberto Díaz Estébanez, del Grupo Nacionalista, ha dicho que su grupo apoya el decreto "por responsabilidad y coherencia", peor ha recordado como en el pasado muchos grupos "se negaban" a darle más competencias al anterior administrador único y ahora lo defienden.

En ese sentido, ha dicho que su grupo no va a "contribuir a que se vaya a negro" la televisión pública pero ha advertido de que su apoyo "no es una patente de corso" ni va a permitir que se prolongue en el tiempo.

Yolanda Mendoza, del Grupo Socialista, ha comentado que hay que buscar el "consenso" para lograr un servicio público de calidad y espera que este decreto ley, más el futuro proyecto de ley, dé estabilidad a los trabajadores.