El Parlamento, con el rechazo de Sí Podemos, exige una solución "urgente" a la rehabilitación del Oliva Beach

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles una Proposición No de Ley, con el rechazo de Sí Podemos, en la que solicita que el Gobierno canario inste al Ejecutivo central a dar una respuesta "urgente" al proyecto de rehabilitación del hotel Riu Oliva Beach de Fuerteventura.

La propuesta, presentada por el Grupo Popular y enmendada por CC-PNC, también pide que se respete el informe de la Abogacía General del Estado, que se califique la reforma como proyecto de interés general, que se convoque la comisión mixta de transferencia de competencias sobre costas y que se presente un conflicto de competencias por parte de la Comunidad Autónoma.

No obstante, los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias --PSOE, Sí Podemos, NC y ASG-- han salvado la reprobación de la directora general de Costas y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Ana Oñoro y Hugo Morán, respectivamente.

El diputado del Grupo Popular, Fernando Enseñat, ha criticado la "injusticia y el capricho" del Gobierno central al bloquear la licencia de rehabilitación del Hotel Riu Oliva Beach de Corralejo (Fuerteventura) que "va a dejar en la calle" a 400 familias de la isla.

Ha comentado que este hotel es "economía y empleo" pero también tiene una "fuerte carga emocional" porque fue uno de los primeros que se construyó en la isla, lamentando que el Ejecutivo central quiera "derribarlo" y "metiendo en un cajón" un informe de la Abogacía del Estado que avala la licencia y la concesión.

"¿Lo vamos a permitir"?" ha preguntado a los diputados cuando además hay 35.000 firmas de apoyo y todas las instituciones de la isla se han posicionado a favor del hotel, con casi 2.000 camas y 600.000 pernoctaciones al año antes de la pandemia.

CC CRITICA EL "EMPECINAMIENTO" DE MEDIO AMBIENTE

Mario Cabrera, del Grupo Nacionalista, ha comentado que 400 familias de la isla están "pendientes" del proyecto y ha criticado el "empecinamiento" de Hugo Morán por impedir la rehabilitación.

"No se entiende", ha indicado, especialmente cuando hay motivos para salvar el hotel y el presidente canario, Ángel Víctor Torres, se comprometió en campaña electoral a buscar una solución.

A su juicio, esta situación "se debe resolver en Canarias" y para ello exige al Ejecutivo regional que convoque la comisión mixta de transferencias. "Ahí está la solución", ha comentado.

Ricardo Fernández (Cs) ha apuntado que este establecimiento requiere de una "puesta a punto integral" para adaptarse al turismo del siglo XXI y ahora se "pone en peligro" a 400 familias con la revisión de oficio de la concesión.

Jesús Ramos (ASG) ha ofrecido "solidaridad y compromiso" de su grupo pero ha afeado a la oposición que "utilice a los trabajadores" para atacar al Ejecutivo.

Francisco Déniz, de Sí Podemos, ha comentado que el objetivo del Gobierno central es que "se respete la legalidad" porque el hotel está en dominio público y cree que la compañía debería modificar el proyecto para que se adecue al medio ambiente.

"Es Costas quien decide", ha comentado, al tiempo que señaló que la propuesta no piensa en los trabajadores sino en el "rescate" de una gran multinacional, que está "utilizando" a los empleados y con "información salsa".

TRES AÑOS ESPERANDO EN UN DESPACHO

Sandra Domínguez (NC) ha lamentado que la autorización lleva "tres años esperando en un despacho en Madrid" y ahora, en septiembre, encima si inicia la revisión de la concesión que va en contra de la Abogacía del Estado.

Rosa Bella Cabrera, del Grupo Socialista, ha comentado que los socialistas apoyan "el fondo" de la PNL y la lucha de los trabajadores pero creen que "hay que aunar esfuerzos" ante la "incertidumbre" que pesa sobre las familias.

Ha señalado que el expediente "tiene largo recorrido" y todos los partidos políticos han participado y ante "el punto de no retorno" del conflicto, cree que hay que mediar y buscar una solución, como ha hecho el presidente Ángel Víctor Torres, que ha celebrado ocho reuniones con el Ministerio de Medio Ambiente.

"Es un problema de competencias, no de las administraciones canarias", ha apuntado.