Las patronales turísticas de Canarias indignadas con el Gobierno por su acción con el hotel Oliva Beach de Fuerteventura

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios Turísticos de Fuerteventura (Asofuer), la Federación Turística de Lanzarote (FTL), la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel); y la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) han mostrado su "estupor e indignación" por la actitud del Ministerio de Transición Ecológica en relación a la gestión del litoral en Canarias y su actuación con el hotel RIU Oliva Beach de Corralejo, en la isla de Fuerteventura.

Las patronales turísticas, subrayan en un comunicado, la actitud del Gobierno central es un "abierto desprecio" a la transferencia de las competencias sobre la gestión de Costas que la Administración central firmó con la Comunidad Autónoma de Canarias en agosto de 2022 y que está en vigor desde 2023.

Consideran que el proceder del Gobierno central sobre las actuaciones en el litoral de Canarias "resulta totalmente contradictorio" con los propios actos del Ministerio, particularmente con la transferencia de una competencia que en estos momentos "ya corresponde al Gobierno de Canarias porque así lo estipulan el propio decreto de transferencia de la competencia y, sobre todo, el Estatuto de Autonomía de Canarias".

En este sentido, indica que en el caso concreto del hotel RIU Oliva Beach de Fuerteventura la actuación del ministerio "alcanza proporciones escandalosas", calificando en este caso la posición de Transición Ecológica de "abuso de poder, por su pretensión de sustraer" a la comunidad autónoma las competencias que tiene asumidas.

Así como por su capacidad para tramitar y resolver los expedientes sobre concesiones administrativas "plenamente vigentes y también otorgar autorizaciones para la renovación de instalaciones como las del RIU Oliva Beach, necesarias" para mantener la actividad y "acordes con la normativa vigente" como "acredita la autorización concedida por el Gobierno de Canarias el 26 de mayo de este mismo año".

Para las patronales turísticas de Canarias la decisión adoptada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), a instancias del Ministerio de Transición Ecológica, en cuanto a la paralización cautelar de las obras en el Oliva Beach es "gravísima para la actividad en sí y la estabilidad de los puestos de trabajo", ya que "forzarán un nuevo cierre" de las instalaciones del hotel "justo cuando la empresa culminaba los trámites para acometer los trabajos de rehabilitación acordes con la concesión administrativa en vigor".

Además, indican, son más de 400 los trabajadores del Oliva Beach "damnificados por la actitud irresponsable" del Ministerio de Transición Ecológica aunque consideran que "también perjudica al conjunto de la actividad económica en el norte de Fuerteventura".

Este hotel fue galardonado hace una semana con el Premio de Turismo Islas Canarias, que concede el Gobierno autonómico, por su contribución durante décadas a la proyección internacional de Corralejo y Fuerteventura como destino turístico "de éxito" en los mercados europeos.

Por último, los empresarios del turismo han mostrado "plenamente" su respaldo a los argumentos de la empresa RIU en defensa de sus derechos y confían en la "firmeza" del Gobierno de Canarias para sostener en las instancias "adecuadas, incluidas las judiciales, la plena facultad de la comunidad autónoma para ejercer las competencias transferidas, a salvo de intromisiones y actitudes hostiles que resultan totalmente intolerables y dejan entrever una visión arrogante", así como "muy poco compatible" con los principios del autogobierno.

Aseguran que este caso "es un ejemplo de comportamiento arbitrario" de la Administración central, así como entienden que es "un precedente alarmante" respecto al comportamiento general del Ministerio de Transición Ecológica en relación a la gestión del litoral en las islas.

La autorización concedida por el Gobierno de Canarias en la pasada legislatura para las obras de renovación del Oliva Beach "se produjo con pleno respeto" a las medidas de protección medioambiental y cuidado en las actuaciones en el litoral debido a la "plena legalidad urbanística de dicho inmueble por la concesión administrativa en vigor, renovada por el Gobierno central en el año 2016".