MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una pena de seis años y medio de cárcel para el exvicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Juan padrón, por los presuntos delitos de apropiación indebida y falsedad documental.
Para el presidente, Ángel María Villar, solicita que sea condenado a 15 años y medio de cárcel y a 966.000 euros de multas, más indemnizaciones que superan los 4,5 millones de euros por las presuntas irregularidades en la RFEF.
En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, Anticorrupción sostiene que "entre al menos los años 2007 y 2017 los acusados Ángel María Villar y Juan Antonio Padrón, aprovechándose de los cargos que ocupaban como presidente y vicepresidente económico de la RFEF, respectivamente, (...) beneficiaron a personas físicas y jurídicas de su entorno en connivencia con otros acusados".
Lo hicieron, detalla, "bien con la consecución de contratos a su favor en condiciones económicas perjudiciales para la RFEF, bien mediante el pago con cargo a fondos de la RFEF de retribuciones que o no se correspondían con ninguna prestación de servicios o no en las condiciones que se retribuían".
En particular, indica que "desde al menos el año 2009 Villar decidió la celebración de algunos de los partidos amistosos de la Selección Absoluta de Fútbol de acuerdo con lo convenido con su hijo, el también acusado Gorka Villar, en perjuicio de la RFEF y con el fin de beneficiar a éste personalmente y a través de su sociedad Sport Advisers mediante la obtención de contratos entre ellos y las federaciones que resultaban favorecidas con su selección para esos partidos".
Anticorrupción calcula que "con esta actuación la RFEF sufrió un perjuicio de al menos 3.830.000 euro y Gorka Villar y su sociedad obtuvieron unos ingresos de 366.583,08 euros" gracias a encuentros con las selecciones de Corea del Sur, Venezuela, Chile, Colombia y Perú.
LA RFEF ABONÓ SERVICIOS "NO PRESTADOS"
Asimismo, añade, "en relación con el pago indebido de retribuciones, se abonaron servicios no prestados, así como beneficios indebidos a la acusada Adoración de Pedro, por un importe total de, al menos, 684.441,72 euros".
La Fiscalía señala que todo ello generó unos perjuicios a la RFEF de 4.514.441,72 euros, que es lo que reclama en concepto de indemnización para la misma a Villar y otros acusados.
Respecto a Villar, le acusa de delitos de administración desleal, corrupción en los negocios, apropiación indebida y falsedad documental, por los que pide que sea condenado a 15 años y 6 meses de cárcel y al pago de multas que ascienden a 966.000 euros.
En la descripción de hechos que hace el Ministerio Público, señala que la celebración de amistosos de la absoluta con los que se buscaba el beneficio de Gorka Villar arrancó al menos desde 2009 "coincidiendo con el aumento del prestigio (...) y caché del equipo nacional derivado de sus triunfos" en las Eurocopas de 2008 y 2012 y en el Mundial del año 2010.
Así, dice, Villar delegó en su hijo "tanto la elección de esos equipos como la negociación de las condiciones económicas, a pesar de carecer éste de cualquier relación laboral o contractual o poder de representación de la RFEF".
"SE APROVECHÓ DEL CARGO"
Y recuerda que la sociedad Sport Advisers de Gorka Villar fue constituida el 21 de diciembre de 2010 "con el objeto de dedicarse al asesoramiento jurídico deportivo aprovechándose del cargo que tenía su padre en la RFEF", y la misma "carecía de protocolos o medidas dirigidas a prevenir y descubrir los delitos que se pudieran cometer con sus medios o bajo la cobertura de la persona jurídica".
En cuanto a la contratación por parte de la federación de personas que realmente no trabajaban para ella, Anticorrupción señala que fueron cuatro los beneficiados por esta práctica, entre ellos Adoración de Pedro, y que todas eran "de la confianza" de Villar dado que "mantenía una relación personal" con ellas.
Explica que para esas contrataciones fraudulentas "contó con la colaboración de distintos acusados --Pedro Manuel Rubio, responsable del Departamento de Recursos Humanos de la RFEF; y José María Castillón, administrador general de la RFEF-- encargados fundamentalmente de la gestión de recursos humanos en la RFEF, que cooperaron en buscar una fórmula que permitiera alcanzar dicho objetivo de modo opaco frente a terceros".
Añade que de esas operativas era conocedor el también acusado Antonio Doblas, quien en su función de asesor laboral de la RFEF sabía "la verdadera situación" de determinadas simulaciones contractuales e informaba a otros encausados "sobre la mejor fórmula a utilizar".
Sobre De Pedro, especifica que "se simuló su jubilación antes del 1 de enero de 2009 a fin de evitar que perdiera determinados derechos económicos", y esto a pesar de no tener realmente la intención de resolver el vínculo laboral, continuando de hecho prestando los mismos servicios hasta septiembre de 2017.
"El único fin de tal maniobra era eludir las consecuencias de un cambio de normativa interna y recibir así indebidamente un premio de jubilación y un complemento mensual por jubilación desde enero de 2009 hasta septiembre de 2017", añade.
SIETE AÑOS PARA EL HIJO
Si bien la Fiscalía interesa la mayor pena para Villar, para su hijo reclama siete años de cárcel por administración desleal y corrupción en los negocios, y una multa de 900.000 euros. Para su empresa pide una multa de 1,6 millones por corrupción en los negocios.
Para Juan Antonio Padrón, José María Castillón y Jorge Juan Pérez Arias --secretario general de la RFEF-- interesa las penas de seis años y seis meses por los delitos de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. Esta pena se fija en seis años para Pedro Rubio y Antonio Sánchez Doblas, mientras que para Adoración de Pedro se solicita una pena de cárcel de dos años y nueve meses.