Pleno.- El Parlamento de Canarias pide paralizar la búsqueda de 'tierras raras' en Fuerteventura

   SANTA CRUZ DE TENERIFE, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El Parlamento de Canarias ha aprobado una proposición no de ley (PNL) del Grupo de NC-BC, con el voto en contra del grupo Vox, al objeto de paralizar cualquier tipo de autorización relacionada con los permisos de investigación y prospección de 'tierras raras' en la isla de Fuerteventura, así como denegar cualquier solicitud al respecto.

   La propuesta también plantea que ante futuras solicitudes se informe previamente a las instituciones locales e insulares afectadas y que se analice el impacto ambiental que cualquier actividad minera pueda tener tanto en el entorno como en la flora y fauna, además de a la salud de las personas de las áreas afectadas directamente, así como de los territorios circundantes y los ecosistemas marinos.

   La diputada Natalia Santana, encargada de defender la proposición, justificó la oportunidad de la misma a raíz de los últimos anuncios emitidos por la Dirección General de Industria, concernientes a la admisión a trámite de las solicitudes de permisos de investigación de 'tierras raras' en diversas zonas de Fuerteventura, afectando a varios municipios.

   Natalia Santana explicó que las solicitudes admitidas a trámite por el Gobierno de Canarias van a suponer que se investiguen casi 46 kilómetros cuadrados de superficie y que se vayan a realizar perforaciones en el suelo que "acarrean riesgos", además de la implantación de minas extractoras que suponen "un auténtico atentado para las zonas protegidas" y "un disparate para la salud de los majoreros y majoreras y de todo aquel que nos visite".

   Advirtió, además, que estas actividades traerán consigo "terribles consecuencias" para el sector primario por la emisión de gases y "sustancias perjudiciales que se integrarán en nuestras aguas, en nuestra tierra, gases que ocasionan enfermedades de riñón, de pulmón y enfermedades cardíacas".

   La diputada quiso recordar que estas minas han sido rechazadas por la ciudadanía majorera y las propias instituciones de Fuerteventura, donde se han llevado distintas mociones en este sentido aprobadas por unanimidad, así como por la Fecam y la Fecai, coincidiendo en que "no podemos poner a nuestra gente en peligro, abriendo nuestro paraíso a la posibilidad de implantar en él una de las actividades mineras más contaminantes del planeta".

   Por el Grupo Nacionalista Canario, Mario Cabrera incidió en que no es la primera vez que Fuerteventura dice 'no' a un modelo de desarrollo basado en la minería, pues ya lo hizo hace cuarenta años con las cementeras y luego con las prospecciones petrolíferas, y "ahora decimos que no a las tierras raras".

   La diputada del PP Luz Reverón señaló que la explotación de recursos naturales mediante la minería "podría suponer una amenaza, en muchos casos de gravedad, para el entorno natural" de Fuerteventura, y aclaró que si bien algunas solicitudes han sido admitidas a trámite por el Gobierno de Canarias, esto no quiere decir que hayan sido autorizadas, habiendo sido notificados tanto los ayuntamientos afectados como el Cabildo de Fuerteventura.

   Asimismo, añadió que si el parecer del pueblo de Fuerteventura "es que no quiere el estudio de estas materias primas, tendremos que hacerlo desde la legalidad y, por supuesto, recogiendo la voz del pueblo majorero, que ha hablado alto y claro".

   Por el Grupo de Agrupación Socialista Gomera, Melodie Mendoza también apuntó que el consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ya informó en comisión parlamentaria que la única acción emprendida por el Ejecutivo hasta el momento ha sido la autorización del estudio de la existencia o no de tierras raras, pero "nada más". "Lo único que se ha hecho es cumplir con la ley", recalcó.

   El diputado socialista Manuel Hernández señaló que esta PNL debe servir para rechazar la manera de proceder la Consejería de Industria, que ha sido "un auténtico atropello" para la sociedad majorera y una "afrenta directa" a sus representantes institucionales, y criticó que el Gobierno no haya decidido paralizar las autorizaciones hasta que la sociedad majorera, el Cabildo y los seis ayuntamientos de la isla se hayan opuesto "de forma contundente" a la concesión de las mismas.