Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria identifica a 1.914 personas y tramita 538 denuncias

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha identificado a 1.914 personas y ha tramitado un total de 538 denuncias en una semana por incumplir las medidas establecidas por el Gobierno central para evitar la propagación del coronavirus tras decretar el estado de alarma.

Estas acciones se enmarcan en los controles que está realizando la Policía Local, en coordinación con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad desde que se declarara el pasado 14 de marzo el estado de alarma, para informar a la ciudadanía sobre las limitaciones de circulación en la vía pública y evitar el tránsito de personas en casos no autorizados.

Así, expone que las 538 denuncias se han producido porque no se trataba de casos autorizados y cuatro han sido detenidos por incurrir en un presunto delito de desobediencia grave, al negarse a colaborar con los agentes al pedirles que se identificaran y que abandonaran la vía pública, según informó la Policía Local en nota de prensa.

La Policía Local recuerda que, mientras se encuentre vigente el estado de alarma, la circulación por la calle en casos no autorizados implica una sanción por infringir la ley de protección de la seguridad ciudadana cuya cuantía mínima es de 601 euros, y si se desobedece gravemente las instrucciones de los agentes, el delito recoge penas de hasta un año de prisión.

En cuanto a la circulación por las vías y espacios públicos debe realizarse de forma individual, salvo para acompañar a menores, mayores, personas discapacitadas u otras causas debidamente justificadas, y únicamente en la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad; asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios; desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial; y retorno al lugar de residencia habitual.

También para la asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables; desplazamiento a entidades financieras y de seguros; por causa de fuerza mayor o situación de necesidad; y cualquier otra actividad de análoga naturaleza.