Las quejas en discapacidad baten récord en la Diputación del Común con 563 en lo que va de año

Abre una investigación de oficio sobre listas de espera y falta de personal pues hay casos de hasta cuatro años para reconocer el grado

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación del Común acumula en lo que va de año la cantidad de quejas más alta de su historia en el área de discapacidad con un total de 563 frente a las 125, por ejemplo, que registró en 2019, según datos hechos públicos por la institución con motivo del 'Día Internacional de las Personas con Discapacidad'.

"Las personas con discapacidad se enfrentan desafíos en los que las organizaciones locales, las instituciones públicas y la sociedad en general debemos trabajar para facilitarles el acceso a la educación, empleo, servicios de salud, transporte y espacios públicos adaptados, entre otros derechos fundamentales, hay que actuar con urgencia y no podemos esperar a estudios ni diagnósticos, hay que poner una solución ya", señala en una nota la Diputada del Común, Lola Padrón.

En esa línea señala que hay que "acelerar" el proceso burocrático porque desde la administración pública no se puede permitir que se "tarden cuatro años" en reconocer una discapacidad.

"Tenemos que facilitar la accesibilidad universal, tenemos que ser muy sensibles y mostrar respeto por los derechos de las personas con este tipo de necesidades especiales en Canarias", destaca.

Según Padrón, las quejas que se reciben desde la Diputación del Común por estos retrasos suelen centrarse en la burocracia excesiva, la falta de personal especializado, la demora en la valoración de las solicitudes y la falta de transparencia en el proceso.

El motivo principal de queja es la demora en la resolución del grado y revisión del grado de discapacidad, "que supone la puerta de entrada para ejercitar otros derechos y beneficios inherentes", explica.

Otros motivos, aunque con menos representación numérica, se refieren a la accesibilidad y las dificultades que imponen a las personas con discapacidad las barreras físicas, sensoriales y cognitivas; la necesidad de plazas residenciales y de atención a las personas con discapacidad.

Con respecto a la tramitación de estas quejas, se evidencia una demora en la resolución de los procedimientos de reconocimiento y revisión del grado de discapacidad en aumento, que en muchos casos es de cuatro o cinco años, un procedimiento que debe quedar resuelto en 6 meses de conformidad con el Real Decreto 888/2022, de 18 octubre.

TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO

Esto incide en otros tantos derechos, como la concesión de la tarjeta de estacionamiento para el transporte de personas con discapacidad que presenten movilidad reducida, y que supone por ejemplo, que una persona con 95 años, con problemas graves de movilidad no pueda obtenerla hasta que se resuelva su reconocimiento de discapacidad, resalta la Diputación del Común.

En el supuesto de los menores de edad escolarizados también precisan del reconocimiento para el acceso a una serie de terapias y adaptaciones sin las cuales no podrá desarrollarse adecuadamente.

"Para todas estas personas los plazos de demora suponen un sufrimiento añadido a su situación de discapacidad y una pérdida de oportunidades difícilmente reparable", indica Padrón.

La Diputada del Común incide en que es "evidente" que los Equipos de Valoración y Orientación (EVO), encargados de realizar la valoración y calificación del grado de discapacidad, "soportan un volumen de demanda ciudadana muy superior al que pueden gestionar con el número actual de personal destinado a estas tareas", lo que provoca unas listas de espera de años "que van más allá de lo aceptable".

Por dicha razón, destaca, "se ha iniciado una investigación de oficio, a fin de dimensionar adecuadamente el personal con que cuentan los EVOs y la Dirección General de Discapacidad, así como la demanda real y listas de espera que existen en dicho servicio, remisión de información que hasta la fecha no ha sido atendida por la Dirección General de Discapacidad".

Algunas de las propuestas que pueden contribuir a mejorar la satisfacción de los usuarios y reducir la sensación de incertidumbre y el estado de los plazos.

Para la Diputada del Común, "sería dotar de mayor recursos humanos, pero habría que revisar y simplificar los procedimientos administrativos, promover la coordinación entre los diferentes servicios implicados e informar claramente a los solicitantes sobre el estado de sus solicitudes".