RIU acusa a Gobierno de adoptar una decisión "arbitraria" en la caducidad de concesión del Oliva Beach, en Fuerteventura

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La empresa RIU Hotels & Resorts ha acusado este martes al Ministerio de Transición Ecológica de adoptar una acción "arbitraria y carente" de argumentos para "forzar" la caducidad de la concesión del hotel Riu Oliva Beach, en la isla de Fuerteventura, confirmando así que defenderá sus derechos legítimos ante lo que entiende es una "estrategia hostil" de dicho ministerio.

Desde la cadena hotelera mallorquina se está convencida de que la decisión ministerial "carece de argumentos válidos", al tiempo que asegura que "es parte de una estrategia premeditada", porque subraya en un comunicado que el Ministerio de Transición Ecológica "ha buscado desde el principio producir la caducidad de una concesión en vigor para el uso de las instalaciones hoteleras que quedaron en dominio público".

Y con ello, agregó, el "cierre" de una instalación que "siempre" ha desarrollado su actividad en "plena situación de legalidad y con pleno respeto" a la normativa en cuanto a la legislación que regula la gestión del litoral, así como en cualquier otra consideración urbanística y medioambiental.

Señala que parte de la estrategia de Transición Ecológica está centrada en "argumentar la comisión de infracciones por parte de RIU", a lo que desde la empresa se incide en "su historial de respeto a la normativa", desmarcándose de cualquier infracción que se le impute. De este modo, RIU considera que la resolución de dicho ministerio "se basa en argumentos falsos, desproporcionados e incompletos y tergiversan la realidad física" del inmueble, objeto de la concesión.

"En ningún caso es cierto que se haya ocupado mayor espacio de dominio público que el referido en el ámbito de la concesión, tal y como argumentaba el expediente abierto por el Ministerio de Transición Ecológica", apuntilla.

USOS COMPLEMENTARIOS "CONSOLIDADOS"

Por otro lado, RIU también califica de "falso" el que existan usos no autorizados dentro del ámbito de la concesión del hotel porque "todos los citados en el expediente, como es el caso del bazar, son usos complementarios consolidados y absolutamente habituales" en la instalación hotelera, al tiempo que niega que se hayan ejecutado obras sin autorización en el ámbito de la concesión, matizando que tras la transferencia de las competencias de Costas a la Comunidad Autónoma de Canarias el organismo no tiene legitimación competencial.

"La actitud del Ministerio de Transición Ecológica es escandalosa", apostilló para agregar que "se trata del colofón de una estrategia premeditada, que arrancó en el año 2018 con un claro objetivo: forzar la caducidad de la concesión". Para RIU se trata de una decisión que estaba "prefijada de antemano" y para la que han buscado los argumentos "necesarios posteriormente, habiendo una clara manipulación" de los hechos.

En este sentido, asegura que desde el Ministerio de Transición Ecológica se ha "obstaculizado" cualquier actuación por parte de RIU para, "siempre con pleno respeto a la normativa, mejorar" las instalaciones del hotel, "dilatando durante años la resolución sobre la autorización de las obras solicitadas e impugnando" posteriormente la autorización otorgada por el Gobierno de Canarias, una vez transferidas las competencias de Costas.

Añade que incluso "han tratado de anular la concesión" con una revisión de oficio que, recuerda, fue archivada por "falta de apoyo" de la Abogacía del Estado.

También se refiere a la "rapidez" con la que desde el citado ministerio se ha llevado a cabo el proceso de caducidad por infracciones en la concesión, calificándolas RIU de "abultadas y manipuladas", y que entiende "sugiere un interés deliberado", ya que busca "desafiar actos propios como la transferencia de las competencias de Costas al Gobierno de Canarias".

"GRAVES" CONSECUENCIAS

Finalmente, desde la cadena hotelera se cree que el ministerio "no ha evaluado" las "graves" consecuencias económicas y sociales que su actitud, así como decisión tendrían para el interés general de la isla de Fuerteventura, ya que el hotel fue construido en 1972 en el municipio de La Oliva, en el norte de Fuerteventura y se convirtió en un hotel de la cadena RIU en el año 1995, teniendo actualmente 600 puestos de trabajo, directa o indirectamente.

"Son puestos de trabajo que ahora están en riesgo por las infundadas pretensiones del Ministerio de Transición Ecológica", subraya para incidir en el "daño indudable" que el cierre del hotel produciría sobre el tejido productivo del norte de Fuerteventura, ya que indica que solo los clientes del Riu Oliva Beach y de su vecino Riu Palace Tres Islas mantienen el movimiento de 1,5 aviones diario"s con destino a la isla de Fuerteventura, con un impacto económico de 13,6 millones de euros anuales de facturación" --según datos oficiales recogidos por el Ayuntamiento de La Oliva--.

Si bien el impacto económico real para la isla de Fuerteventura aseguran que supera los 27 millones de euros si se le suma el gasto en el destino realizado por los clientes del hotel a lo largo del año.

Por todo ello, la cadena RIU, con 97 hoteles abiertos en 21 países de todo el mundo, afirma sentirse "víctima de esta actitud" del Ministerio de Transición Ecológica e incide en la defensa de sus derechos, no solo por su interés empresarial sino también por el compromiso con sus trabajadores, proveedores y la isla de Fuerteventura en su conjunto.

Por último, justifica la querella interpuesta por RIU contra los tres altos cargos del Ministerio de Transición Ecológica relacionados con la tramitación de los expedientes de revisión, sanción y caducidad de la concesión del hotel al entender que fue "una acción necesaria para la defensa" de sus legítimos derechos, apuntando que su admisión a trámite fue "defendida hasta el final" por los distintos fiscales que participaron en la causa.

Así concluye que RIU Hotels & Resorts, que "respeta y confía" en el Estado de Derecho, se defenderá en todos los procesos judiciales que se abran a partir de ahora, que considera que le "quitarán la razón al Ministerio para la Transición Ecológica".