Santa Cruz de Tenerife aplicará igual protocolo que el 31-M con las familias afectadas por las piedras en María Jiménez

El Ayuntamiento entregará un informe técnico el próximo 26 de enero y convocará un pleno extraordinario, mientras pagará el alquiler a las afectados

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aplicará el mismo protocolo de ayuda que con la riada del 31 de marzo de 2002 a las familias que se han visto obligadas a abandonar sus viviendas en María Jiménez tras la caída de rocas que hundieron los techos de las casas.

Así lo han explicado fuentes municipales a Europa Press al término de la reunión celebrada hoy entre los afectados, el alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, los abogados nombrados por las familias, Pedro Fernández Arcila y Juan Jesús Rodríguez, así como el concejal de Obras, Norberto Plasencia, la concejal de Urbanismo, Luz Reverón y la edil del distrito de Anaga, Sheila Trujillo.

Por su parte, el alcalde anunció que el Ayuntamiento se ha comprometido a "abonar el alquiler de las viviendas a las familias afectadas durante tres meses mientras se resuelven los informes técnicos" y se determinan las actuaciones para cada una de las casas afectadas, lo que no significa que luego se deje de abonar, "sino que se actuará en consecuencia en cada una de las viviendas".

Reconoció que "en una situación en la que las personas se encuentran fuera de sus casas, es difícil lograr un acuerdo". Zerolo, sin embargo, apuntó que si con la riada "no se dejó colgado a nadie, no lo haremos ahora con los vecinos de María Jiménez".

En estos días se ha hablado de que muchas de las casas no están legalizadas, hecho que se deberá constatar con los informes según Zerolo, si bien Fernández Arcila aclaró que la mayoría de ellas están construidas sobre suelo urbano "pendientes de que el Plan General de Ordenación reconozca la situación". Insistió en que las casas son "legales" y otras "muy antiguas".

Este valoró, además, que actualmente las familias se encuentran "reubicadas provisionalmente con familiares", coincidiendo en el compromiso municipal de abonar alquileres de las viviendas que "los afectados deberán buscar".

Igual que desde el Ayuntamiento, Fernández Arcila indicó que la reubicación será "provisional, mientras que hace el informe sobre el peligro y la situación en la que queda cada zona para determinar el tipo de rehabilitación que se ha de llevar a cabo".

"Esta situación de promesas ha generado ciertas suspicacias entre los vecinos", matizó el letrado que indicó que las familias durante la reunión recordaron que se había alertado de este peligro sin que "hasta el momento se hubiera hecho nada".

El grupo de Gobierno local anunció también que el primer informe será entregado a las familias el 26 de enero y que tras este se celebrará un pleno extraordinario para ver de qué manera se resuelve la situación.

MOMENTOS DE TENSIÓN

La reunión --prevista para las 11.00 horas, pero que empezó finalmente pasadas las 12.00-- tuvo dos momentos de tensión. El primero fue en el encuentro con las representantes de Asuntos Sociales que recibieron una a una a las familias y en donde las funcionarias no admitieron la presencia de los letrados; y el segundo en el comienzo de la reunión, en donde los perjudicados reprocharon al alcalde que el Ayuntamiento no hubiera comparecido con más presteza --el suceso tuvo lugar el día 30 de diciembre sobre las 13.30 horas y la reunión se ha producido cuatro días más tarde--.

Cada una de las familias, expuso hoy ante la trabajadora social del Distrito de Anaga, la situación en la que se encuentran, los enseres que podrían haber perdido, entre otros. Muchas de las familias han recordado que algunos de los afectados viven en sus casas desde hace 75 años.