Amigos de la Tierra denuncia "el incumplimiento regional de un convenio internacional de acceso a información ambiental"

LOGROÑO, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Amigos de la Tierra La Rioja ha denunciado ante el Gobierno Central "el incumplimiento del Gobierno regional de un convenio internacional de acceso a la información ambiental".

El Convenio de 'Aarhus' tiene por objeto facilitar el acceso a la información, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, a las personas físicas y jurídicas. Dicho Convenio fue adoptado en la Conferencia Ministerial 'Medio Ambiente para Europa' celebrada en Aarhus (Dinamarca), el 25 de junio de 1998 y fue ratificado por España el 15 de diciembre de 2004, entrando en vigor el 31 de marzo de 2005.

En la 7 Sesión de la Reunión de las Partes del Convenio de Aarhus (Ginebra, 18-21 de octubre de 2021), se adoptó la Decisión VII/8p, relativa al cumplimiento por España de sus obligaciones con relación al Convenio, donde se recogen dos casos de incumplimiento por nuestro país de las mencionadas obligaciones.

"El primer caso de incumplimiento curiosamente se refiere a garantizar el acceso a la asistencia jurídica gratuita para las ONG medioambientales. En cumplimiento de lo dispuesto en la Decisión, se ha elaborado un plan de acción y recientemente se ha sometido a información pública". En el marco de ese proceso, Amigos de la Tierra La Rioja ha puesto en conocimiento del Gobierno Central "que el Gobierno riojano incumple dicho Convenio Internacional, porque realiza una evaluación limitante y restrictiva de los derechos ciudadanos estableciendo una tasa económica que limita y condiciona sobremanera el acceso a la información ambiental, lo cual, podría ser una interpretación presuntamente ilegal de dicho derecho y de un convenio internacional".

En ese escrito, "pedimos al Ejecutivo Central que tome cartas en el asunto y que obligue al Gobierno de La Rioja a cumplir con ese Convenio Internacional, restaurando los derechos de la ciudadanía cercenados por el gabinete de Concha Andreu, y también a que obligue a suprimir dicha tasa con la mayor inmediatez posible".