Una comisión parlamentaria tratará con expertos el uso de móviles en menores como asunto de salud pública

   El Parlamento riojano ha instado además la creación de ayudas al combustible para agentes comerciales y la cobertura de abogados

   LOGROÑO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El Parlamento de La Rioja acogerá una comisión de estudio que, con la participación de expertos, analice la situación del acceso al teléfono móvil, y otras tecnologías, de niños y jóvenes como asunto de salud pública y presente propuestas para evitar su impacto negativo.

   La iniciativa, del Partido Socialista en forma de proposición no de ley, ha sido enriquecida con enmiendas tanto del Grupo Parlamentario Vox como del Grupo Parlamentario Podemos-Izquierda Unida y ha sido aprobada por unanimidad.

   El socialista Javier García ha querido defender la proposición no de ley también como padre de dos niños, de once y seis años, que se relacionan con las nuevas tecnologías.

   Éstas, ha entendido, conllevan "cuestiones positivas para el aprendizaje" pero, también, ha visto, es algo que necesita de "prudencia y administración de los tiempos de exposición de las pantallas" por parte de los padres, del mismo modo que se vigila, por ejemplo, el calendario de vacunas.

   Es, ha dicho, un debate que está "instaurado en la sociedad", dado que la tecnología "conlleva riesgos". Ha citado el acceso a la pornografía o el uso compulsivo que es, ha dicho, "un problema de salud pública".

   Ha entendido que el parlamento no sólo debe atender a un control al gobierno sino, también, debatir sobre este tipo de asuntos y, por eso, desde el PSOE se propone una comisión con expertos que presente propuestas.

   La iniciativa propone una comisión de estudio del sistema de protección a la infancia para abrir el debate, con todos los actores implicados, para llevar a cabo un diagnóstico del uso e impacto de la tecnología por parte de niños y adolescentes.

   Esta comisión tendrá como fines el estudio de los hábitos de estudio de Internet, las redes sociales, los retos virales y el juego online escuchando a expertos profesionales así como a los propios adolescentes para tener una radiografía y presentar propuestas e ideas.

   A través de una enmienda de Vox se ha añadido elaborar un pacto digital para bloquear la pornografía en dispositivos de niños y adolescentes; y que las entidades sociales y empresas digitales colaboren en herramientas que faciliten la supervisión de los padres en el acceso de sus hijos a Internet.

   Por último, a través de una enmienda de Podemos-Izquierda Unida se constituirá un Consejo de Participación de Niñas y Niños, para asegurar su participación; y se instará al Gobierno de La Rioja a aplicar las conclusiones del grupo de expertos para la creación de entornos digitales seguros del Gobierno central.

    La diputada 'popular' Catalina Bastida, pese a apoyar su grupo esta iniciativa, ha entendido que será necesario "ir a más con acuerdos estatales para poner a servicio de las familias leyes y políticas que se adapten a la nueva realidad social".

AYUDAS A LOS COMERCIALES

   En la sesión de hoy, además, el Parlamento de La Rioja ha aprobado una proposición no de ley, iniciativa del Partido Popular, por la que insta al Gobierno de La Rioja a poner en marcha una línea de ayudas extraordinarias para aliviar el coste de los combustibles a los agentes comerciales.

   La diputada 'popular' Mar Cotelo ha sido la encargada de defender la iniciativa, ha entendido que es algo "justo", especificando que se restringirá a los inscritos en el registro, para evitar falsos agentes comerciales. "Sus trabajos deben ser rentables", ha resaltado.

COBERTURA ABOGADOS Y PROCURADORES

   Además, se ha aprobado una proposición no de ley del PSOE, enmendada por IU y Partido Popular, que pide instar al Estado a realizar las actuaciones que considere necesarias, en relación a los profesionales de la abogacía y la procura que tienen contratadas mutualidades profesionales, para equiparar las aportaciones con el tratamiento de las cotizaciones realizadas al sistema de seguridad social.

   También, impulsar la aprobación de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa donde se recojan las garantías necesarias para ejercer estas profesionales en las mejores condiciones laborales y económicas.

   Estudiar y, en su caso, regular, un tratamiento fiscal adecuado, y no discriminatorio, en la recuperación del ahorro aportado por los mutualistas alternativos de la abogacía y la procura. También, analizar una posible mejora de las condiciones de la jubilación parcial de estos profesionales.