Logroño aprueba con el único voto a favor del PP sus ordenanzas fiscales y precios públicos para 2025, sin tasa basuras

    LOGROÑO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión plenaria correspondiente al mes de noviembre, ha aprobado sus ordenanzas fiscales y de precios públicos para el año 2025. Un acuerdo -sin entrar en la tasa de basuras- que se ha adoptado con el único voto favorable del Partido Popular, y el 'no' del resto de los Grupos de la oposición -PSOE, VOX, Unidas Podemos-IU y Partido Riojano-.

   Como ha apuntado en la defensa de las normas el concejal de Hacienda Francisco Iglesias, se trata del segundo proyecto de ordenanzas fiscales de este mandato "con dos objetivos: la reducción de la carga fiscal por una parte, y, por otro lado, la simplificación de trámites para apoyar a familias y para estimular el crecimiento económico".

    Así, en el capítulo de impuestos, ha recordado que el IBI "se vuelve a rebajar medio punto", con un tipo que va del 0,58 a 0,575 "situándolo como uno de los más bajos de ciudades del entorno", de modo, además, como ha apuntado que "se reduce ya en 5 puntos en dos años de mandato y un ahorro para la ciudadanía de en torno de un millón de euros".

    A ello ha añadido que, en el caso de las Plusvalías, se va a reducir un 2,5%, acumulando una bajada del 5% en dos años, mientras que en el ICIO e IAE "se mantienen todas las bonificaciones", congelando en la práctica su tarifa.

    Se ha referido igualmente a las bonificaciones, que se sustentan "en el apoyo a las familias, en impulsar la actividad económica y en fomentar aspectos medioambientales", de manera, que, como ha resumido Iglesias, "se favorece que el dinero esté en los bolsillos de los ciudadanos".

   Además, ha reseñado mejoras en la tramitación, con aspectos como que "en el primer semestre del año, entrará en funcionamiento el programa de tributos de la administración electrónica"; o que se va a mejorar la documentación que opera en manos de diferentes administraciones, por lo que ha asegurado que "el proyecto mejora sobremanera la relación de contribuyentes con su Ayuntamiento".

   Respecto a las tasas y precios públicos, ha resumido que "se actualizan como norma general con el IPC de agosto, un 2,3%", bajo la premisa de la adecuación de los precios al coste de los servicios.

   Especial referencia ha hecho a la tasa de terrazas, que establece una nueva zonificación para el Casco Antiguo, con el máximo precio por m2 equiparable a calles de primera categoría, cuando estaban en el más nivel más bajo.

    Ha acusado el concejal a la oposición de "hacer populismo" con algunas de sus propuestas o argumentaciones y ha defendido que todo este tema cuenta con "carga política, sus enmiendas la tienen y el proyecto de ordenanzas también", recalcando que se han aprobado algunas de esas enmiendas "sean técnicas o como sean, per ya es más que lo que ustedes hacían, que aceptaron cero en cuatro años".

    Por eso, ha pedido "menos demagogia y más rigor" a la oposición, señalando que "a los ciudadanos, les decimos que el IBI va a bajar, por lo que va a quedar 300.000 euros en sus bolsillos; que las plusvalías van a bajar un 2,5%; que las tasas se actualizan con el IPC; y que simplificamos trámites, con nuevas herramientas". "Logroño va a tener una mejor ciudad fiscal que la del año anterior y que la anterior legislatura", ha finalizado.

   En el turno de Grupos, por parte del Mixto, Amaia Castro, portavoz de UP-IU, ha dicho que "esto es más de lo mismo, siguen mintiendo, suben los impuestos y ya no ponen ni excusas". Por eso, ha anunciado su voto en contra "no solo por sus engaños, sino porque propusimos enmiendas que rechazaron; o porque siguen perpetuando la desigualdad y beneficiando solo a unos pocos".

   También desde el Grupo Mixto, el regionalista Rubén Antoñanzas, ha ironizado señalando que "para bajar los impuestos, los sube mucho" y recriminando al Gobierno local "falta de sensibilidad social" en su política fiscal o en aspectos ambientales, porque, por ejemplo, "somos de las pocas ciudades, o la única, que cargamos del año pasado a éste un 20% a los vehículos no contaminantes y se bonifica a los más contaminantes".

   Desde VOX, su edil Patricia González Lacarra ha argumentado que el Grupo presentó hasta 14 enmiendas a las ordenanzas, "que al final se van a actualizar pese a promesa de reducir la carga". Una idea en la que ha incidido su portavoz, María Jiménez, quien ha criticado que "estamos ante una más de promesas incumplidas, engañan a los logroñeses diciendo que va a bajar, y nos encontramos con una subida masiva", algo por loq que han acusado al Ejecutivo de "voracidad recaudatoria para tapar agujero en arcas municipales".

   El portavoz socialista Luis Alonso ha defendido las enmiendas de su grupo "basadas en lograr mayor progresividad y en el impulso de determinadas actividades", mientras que ha apuntado a "contradicción fiscal", en el caso del IBI "que ahora lo colocan en el 0,575, cuando en la oposición decían que era necesario dejarlo en el 0,56".

    Así, se ha preguntado, "¿cómo se puede prometer que todo va a bajar y que todo suba?", lo que ha calificado como "populismo fiscal, porque es fácil pedir en la oposición y muy difícil hacer gobernando". Ha señalado que "los ciudadanos hacen balance de todo cuando se habla de impuestos y solo pueden ver lo que Ayuntamiento deja de hacer o pone en peligro, como los fondos europeos que van a tener repercusión en impuestos y en presupuestos de este año y los siguientes, es un balance aterrador".

SUPLEMENTO DE CRÉDITO.

   Por otro lado, se ha aprobado un suplemento de crédito -también con el único sí del PP-, por más de un total de 3,24 millones de euros, con las críticas de la oposición por entrar en el orden del día por vía de urgencia, "sin tiempo para examinar el informe", y por la propia modificación por "mala gestión presupuestaria".

   Con este suplemento, como ha detallado Iglesias, se va a financiar "mediante bajas en gastos", una serie de partidas "que se han desvelado como insuficientemente financiadas durante el año", y que se corresponden con 930.000 euros para la gestión de la recogida de residuos; casi 2 millones para energía eléctrica, incluido alumbrado público; y 400.000 euros para pago de Seguridad Social.